Seiscientas investigaciones arrancaron, de media, en los últimos tres cursos en centros educativos gallegos relacionadas con supuestos casos de acoso escolar.  La cifra resulta muy llamativa, aunque no está de más ponerla en contexto: hablamos de una población de más de 300.000 personas, el alumnado que hay en nuestra comunidad siguiendo estudios no universitarios.  Eso sí: aunque la cifra de procesos abiertos no ha sufrido oscilaciones significativas en los últimos años, sí que ha ido al alza el número de casos que se acabaron confirmando.  En el curso 22/23 fueron 42, en el siguiente, 54 y en el 24/25 ascendieron ya a 91. La directora xeral de Ordenación Educativa, Judith Fernández, entiende que cada vez hay más compromiso social frente al acoso: "sempre houbo indicacións de actuar ante a mínima proba de que pode existir unha situación de sufrimento por parte do alumno, pero sí que é certo que os centros están moito máis enriba destas situacións", asegura. La estrategia en Galicia se basa en el principio de máxima cautela: hay que abrir protocolo "ante cualquiera sospecha", aunque los indicios iniciales parezcan inicialmente débiles. Con ello se garantiza que toda queja de las familias reciba una respuesta y que ninguna potencial situación de acoso quede sin investigar. Galicia fue en 2011 la primera comunidad en España en elaborar un protocolo contra el acoso escolar que se ha ido actualizando: la última puesta al día es de diciembre de 2024. La premisa sigue siendo “tolerancia cero” así que la consellería anima a los centros a investigar ante la mínima sospecha. El proceso contempla en total cinco fases. Arranca con la comunicación de los hechos y primera evaluación e investigación y dictamen. Están al frente la dirección pero sobre todo el equipo ACAE , con el que cuentan todos los centros para actuar contra el acoso escolar.  Si se confirma el caso, se procede entonces a la apertura del protocolo. Es a partir de aquí cuando se informa a la inspección educativa y a las familias, que estarán presentes en la reunión con el alumnado implicado. El cierre del protocolo implica la derivación a un procedimiento corrector y un seguimiento posterior de las medidas que se adopten. Las sanciones por acoso confirmado, considerado una falta muy grave, son las más severas que prevé la normativa. La más común, aplicada en "el 90 por 100 de los casos", es la suspensión del derecho de asistencia a clase de hasta 30 días. Otras medidas incluyen el cambio de grupo del alumno o, en los supuestos más extremos, la propuesta de cambio de centro escolar, una decisión en la que se tienen en cuenta las  implicaciones académicas para el estudiante: "non é o mesmo un traslado no primeiro trimestre que cando está rematando o curso", explica la directora Xeral de Ordenación Educativa. El protocolo no distingue entre el acoso tradicional y el ciberacoso, ya que a menudo son situaciones que están entrelazados. "Non hai casos puros, digamos, de ciberacoso", explica Judith Fernández, explicando que el hostigamiento que empieza en la red suele manifestarse también de forma presencial en el centro. Aunque la prohibición de los móviles en las aulas ha ayudado a reducir incidentes en horario lectivo, la administración reconoce que no puede controlar lo que sucede fuera del colegio. Los centros educativos tienen la obligación de actuar incluso en conflictos que ocurren fuera del recinto escolar si involucran a sus alumnos y tienen repercusión en el clima del centro. Si se demuestra el uso de un móvil para acosar en horario lectivo, se considera un agravante en el procedimiento disciplinario. "El centro tiene que reforzar sus actuaciones" e intensificar la vigilancia en zonas comunes si es necesario, teniendo en cuenta la regulación del uso de los móviles en tiempo de ocio que se aprobó el año pasado en Galicia. Además de las medidas punitivas hacia el acosador, el protocolo incluye un plan de apoyo a la víctima. Este contempla el acompañamiento y medidas de protección en el centro, como el cambio de clase si lo solicita, y habilita también una vía de apoyo psicológico a través de un convenio con el servicio público de Sanidad. El objetivo final es ofrecer una respuesta integrada que combine prevención, intervención y recuperación para todos los implicados. Para abordar el problema de forma integral, la Xunta está impulsando la colaboración con otras instituciones. Por una parte, con la Fiscalía, para alinear las actuaciones administrativas y las judiciales, después de que la memoria del Ministerio Público registrase 75 casos de acoso escolar en Galicia en 2024. Del mismo modo, se trabaja con los concellos para compartir información con los servicios sociales, que a menudo disponen de datos clave sobre la situación familiar de los alumnos implicados, tanto víctimas como acosadores. "En moitas ocasións, o acoso ou o ciberacoso teñen detrás situacións familiares complexas, colectivos desfavorecidos, onde a información a teñen os servizos sociais dos concellos. O que pretendemos é que haxa unha converxencia de intereses", dice el conselleiro de Educación. El objetivo es que esta Rede de concellos contra o Acoso quede constituída a lo largo de este curso escolar.