El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado un duro golpe a la Administración Trump al fallar contra los aranceles aprobados por el Gobierno estadounidense la pasada primavera, con los que el republicano alteró las reglas del comercio mundial. La decisión judicial ha abierto la puerta a reclamaciones millonarias de empresas importadoras que han pagado cerca de 200.000 millones de dólares en estos gravámenes y beneficia a numerosos países que salían originalmente perjudicados por la dureza de los tributos. Por seis votos a tres, el alto tribunal declaró inconstitucionales los aranceles aprobados el 2 de abril contra numerosos países y productos. Considera inadecuado el uso de la ley de poderes de emergencia de 1977 para imponerlos y subraya que este tipo de medidas comerciales debe pasar por el control del Congreso, un mecanismo que no gusta especialmente al presidente. El fallo tiene gran impacto económico y político, además de lanzar un claro mensaje: limita el poder presidencial en un contexto en el que Trump, ya en su segundo mandato, había intentado ampliarlo. Resulta especialmente significativo por provenir de un tribunal de mayoría conservadora que había respaldado con frecuencia al presidente. La medida, a su vez, refuerza el sistema de "checks and balances" o pesos y contrapesos, y en lo económico, desmantela el sistema de aranceles que Trump utilizó no solo para corregir desequilibrios comerciales, sino como herramienta de presión internacional, premiando o castigando a países según su alineamiento político. Causas para justificar la anulación El tribunal concluye que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza la imposición de aranceles. Aunque menciona la facultad de "regular" importaciones, no habla de "aranceles" y fue concebida para situaciones excepcionales, como conflictos bélicos en los que haya que controlar el flujo de compra. El presidente del Supremo, John Roberts, señaló que el Ejecutivo necesita una autorización clara del Congreso para ejercer una facultad de tal alcance. Cabe destacar, no obstante, que la medida no afecta a todos los aranceles, sino que solamente anula los llamados aranceles recíprocos, aplicados de forma generalizada y calculados incluso teniendo en cuenta factores como el IVA europeo o el desequilibrio comercial, criterios ajenos a los gravámenes estrictamente comerciales. Siguen vigentes los aranceles sectoriales como los del acero, aluminio o automóviles y otros gravámenes específicos impuestos por la Administración Trump. Los aranceles anulados se consideran ilegales, por lo que las empresas ya no deberán pagarlos. No obstante, la Casa Blanca ha activado otra vía legal para imponer un arancel general del 10%, evitando así su desaparición inmediata. En cuanto a los aranceles ya pagados, la sentencia no aborda expresamente las devoluciones, pero facilita poner en marcha reclamaciones judiciales. Se estima que el Gobierno recaudó unos 200.000 millones de dólares y podría enfrentar devoluciones cercanas a 175.000 millones, según cálculos económicos. Es probable que la cuestión se resuelva en tribunales inferiores. La nueva vía utilizada permite imponer gravámenes durante 150 días, periodo en el que el Congreso debe ratificarlos. Sin embargo, si este no actúa, la Administración...