El escándalo surgido a raíz de la adjudicación a funcionarios, familiares y cargos del Ayuntamiento de Alicante de más de una docena de viviendas de protección oficial (VPO por sus siglas), cuyas responsabilidades políticas ya se han empezado a depurar, ha vuelto a despertar las dudas en torno al modelo de este tipo inmuebles, que se venden o alquilan por debajo de los precios de mercado para dar acceso a la vivienda a personas y familias con bajos ingresos. La exclusiva, publicada por el diario alicantino INFORMACIÓN, del grupo Prensa Ibérica, plantea cuestiones en torno a si está suficientemente controlado quién accede a una VPO, cuáles son los requisitos que se exigen para optar a un piso calificado como protegido o qué supervisión se sigue.