Este martes, por la mañana, un operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se movilizaba para detener a cinco investigados que habían pergeñado un lucrativo negocio con una parcela que era propiedad de la empresa pública de vivienda de Sevilla (Emvisesa) durante el mandato del socialista Juan Espadas. En un piso de la Costa del Sol se llevaban detenido a Rafael Pineda , que hasta agosto era el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, colocado allí por su padrino político: el actual vicepresidente del Congreso de los Diputados Alfonso Rodríguez Gómez de Celis . Pineda pasó una noche en el calabozo en el Acuartelamiento de la Guardia Civil en Montequinto. Junto a él, también durmieron entre rejas su esposa, la dentista Olga Pérez; el hasta hace pocos meses jefe de Terciarios de Emvisesa, Daniel Muñoz; y dos socios del matrimonio: José Luis Gómez Castañeda y Jaime García Alegre. Pasaron a disposición judicial y la juez de la plaza número 10 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, Pilar Ordóñez, les dejó en libertad con cargos tras negarse a declarar. Terminaba de saltar por los aires un caso que reveló ABC de Sevilla el 12 de septiembre , dos días después de que agentes de la UCO venidos de Madrid registraran la sede de Emvisesa para pedir la documentación de una parcela situada al norte de la ciudad, en el barrio de Pino Montano, en una de las zonas de máxima expansión urbanística de la ciudad y de revalorización del suelo, conocida como Higuerón . Fue entonces cuando se destapaba un caso, ya bautizado con el apellido de su principal protagonista, que pone de manifiesto la red de influencias del PSOE de Sevilla. Vayamos paso a paso. Hasta el 31 de agosto de 2025 era el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, con despacho propio en la torre norte de la plaza de España. Desde hacía meses estaba siendo vigilado por la UCO, que lo había seguido al salir su nombre en los pinchazos telefónicos a un grupo vinculado al narcotráfico y el blanqueo de capitales que explotaba un bar en la localidad sevillana de Gines. En las escuchas, la UCO captó cómo Pineda hacía favores aprovechando su puesto como alto cargo del Gobierno de España a la hora de tramitar el papeleo de inmigrantes vinculados a la organización criminal a cambio de dádivas económicas, como el último auto de la juez ha puesto de manifiesto. En estas grabaciones, también se recoge cómo Pineda se vanagloriaba de haber movido sus influencias para salvar al alcalde del citado municipio, Romualdo Garrido , investigado en otra causa. Y también, de haber hecho, en sus palabras: «Un negocio (que) me ha dejado un dinerito curioso». Tirando del hilo, la Guardia Civil comprobó que en sus cuentas bancarias se había producido un cuantioso ingreso económico procedente de una operación urbanística de compraventa de un suelo que, hasta hacía un año, era de titularidad del ayuntamiento hispalense. Fue ahí donde se puso el foco de la investigación en Rafael Pineda. Se trata de un socialista de pedigrí , que llegó a ser concejal de Medio Ambiente y gerente de la empresa pública Lipasam. En todos los puestos que ha alcanzado en la administración ha estado detrás la mano de su 'compadre' Gómez de Celis. Fue él quien lo apadrinó en los distintos puestos que tuvo en el consistorio hispalense y quien se lo llevó como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, cargo del que salió en 2020 al llegar Sandra García, y al que volvió a acceder sólo un año después con Pedro Fernández , a petición de Celis. Cuando este periódico se puso en contacto con Pineda para recoger su versión antes de la publicación de la información que adelantaba el caso, el socialista reconoció que conocía que aquel solar estaba «ocioso» . Aquello confirmaba que, en 2016, cuando su mujer, Olga Pérez, pugnó como única concurrente a la licitación de la parcela, tenía información privilegiada de las distintas parcelas de Emvisesa. Eso mismo lo apunta la juez en el auto de puesta en libertad de esta semana, en el que señala claramente que el matrimonio supo que iba a obtener la adjudicación del solar un mes antes de que se hiciese oficial. Para ello, utilizaron a un 'caballo de Troya' dentro de Emvisesa. Concretamente, el responsable de la empresa dedicado a ese tipo de suelos. De nombre Daniel, envió correos —que luego borró aunque quedaron grabados en la copia de seguridad de la empresa pública— al socio capitalista de Olga Pérez, solicitándole por anticipado cantidades procedentes de la publicación de la licitación. Y asegura la juez: «Siendo la primera vez que Emvisesa arrienda un solar» . A través de una sociedad pantalla denominada Higuerón Real Estate, explotaron la parcela mediante un subarriendo para instalar un Burger King, un KFC y una gasolinera Q8, pagando un canon de 108.000 euros a Emvisesa, en una operación más que lucrativa cuyos beneficios Pineda repartió también a su hijo y a su hermana . Rafael Pineda, con su mujer, concurrió en solitario a la licitación gracias a la información privilegiada obtenida a través de un alto cargo de Emvisesa, a quien conocía de su etapa en el ayuntamiento. La adjudicación fue el punto de partida de un negocio perfecto : la parcela quedaba arrendada, de esta forma, bloqueada, durante 40 años. Después de años de beneficios con la parcela alquilada, al llegar el popular José Luis Sanz al Gobierno de la ciudad, en 2023, sacó a la venta un lote de solares para obtener ingresos con los que emprender el Plan de Vivienda. Entre ellos, se encontraba éste de Higuerón, que había perdido todo el mercado inmobiliario al tener un inquilino durante cuatro décadas. Por ello, al salir a subasta, la única concurrente fue precisamente Olga Pérez Jiménez, que acabó comprándolo por 1,7 millones de euros , 500.000 menos que el precio por el que se tasó meses antes. Detrás de la operación de enajenación estuvo el mismo jefe de Terciario de Emvisesa que arregló el arrendamiento siete años antes. Pineda y su esposa pagaron los 1,7 millones gracias al dinero adelantado por su socio Gómez Castañeda, a través de una de sus empresas. Sólo cinco meses después de hacerse con la propiedad de la parcela, el matrimonio dio el pase redondeando así el pelotazo urbanístico. Para ello, junto al citado empresario y al jefe de Emvisesa que les facilitó la información y el arreglo de la operación, aparecía también la figura de otro de los investigados: Jaime García Alegre. Éste era trabajador de una de las sociedades del 'holding' de Burger King que, a su vez, tenía participación en la sociedad pantalla creada por el matrimonio entre Rafael Pineda y Olga Pérez. Su papel fue clave porque movió hilos para que otra de las mercantiles del 'holding' acabara comprando la parcela por 3,9 millones de euros. Es decir, en cinco meses, el solar por el que el Ayuntamiento de Sevilla cobró 1,9 millones pasó a costar 2,2 millones más, que fue el beneficio que se repartieron entre los cinco implicados, que fueron detenidos esta semana. Tras estallar el caso, con todas las informaciones que a lo largo de los meses ha venido adelantando ABC, el PSOE trató de poner el foco en la venta de la parcela, omitiendo la responsabilidad política que pudiera acarrear la operación de arrendamiento en 2016, que fue el germen del pelotazo urbanístico posterior por el que se investigan delitos como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y delito de corrupción entre particulares . Nada más conocer el auto de la juez por el que se determinaba la puesta en libertad de los cinco implicados y el embargo de su patrimonio, nadie del Partido Socialista ha ofrecido de momento explicación alguna, teniendo en cuenta que el relato de los hechos de la UCO y de la instructora pone de manifiesto que la clave estuvo en el origen de la operación en 2016, siendo alcalde Juan Espadas y presidente de Emvisesa Antonio Muñoz, actual portavoz del grupo en el consistorio. Mientras, el actual regidor, José Luis Sanz, despidió al jefe de Terciario investigado y anunció que encargará una auditoría en Emvisesa, así como que intentará la reversión de la titularidad de la parcela. Esto último no es posible ya que pertenece a un tercero, como es Burger King , que ha declinado personarse en la causa como perjudicada. Desde la Delegación del Gobierno de Andalucía también han tratado de desvincular el caso de su departamento, pese a que, como la UCO ha señalado, se le investiga por otra vía: la de sus favores a los narcos desde el despacho de la plaza de España a cambio de contraprestaciones.