El Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) ha alzado la voz para denunciar la retirada de las defensas extensibles a la Policía Portuaria de Las Palmas. En una entrevista en Herrera en COPE Gran Canaria, Artemi Casañas, secretario nacional del sindicato para este colectivo, ha asegurado que la situación ha sumido a la plantilla en una indefensión moral y psicológica, y añade que "el debate en vez de ser de qué medio vamos a añadir, se está convirtiendo en qué medios estamos quitando, es absurdo". La moral de los agentes, afirma, ha caído en picado. La orden procede de la Guardia Civil, que se ampara en lo que Casañas califica como una "interpretación restrictiva" del reglamento de armas. Señala que tanto la defensa extensible como la porra de goma tradicional figuran como armas prohibidas en el mismo artículo. Por ello, desde el sindicato argumentan que "si una está habilitada, la otra también" y anuncian que recurrirán la decisión. El problema de fondo, según el representante sindical, es la ausencia de un reglamento propio para la Policía Portuaria, ya que el actual se encuentra "en fase de borrador" desde 1997. Esta falta de un marco específico deja sus medios de autoprotección en un limbo legal. "Somos agentes de la autoridad con competencia en seguridad en el puerto", una infraestructura crítica, explica Casañas. Esta decisión impacta directamente en la capacidad operativa y en la seguridad de los agentes. La retirada de esta herramienta los deja más expuestos a los riesgos en las intervenciones. "¿Con qué capacidad operativa vas tú a ese servicio que no sabes a lo que te enfrentas?", se pregunta críticamente Casañas, subrayando la incertidumbre y desprotección que sienten los efectivos. La defensa extensible no es solo una herramienta de control e inmovilización, que Casañas considera "mucho menos lesiva en su uso" que la porra tradicional, sino también un potente elemento disuasorio. Su característico sonido al desplegarse, asegura, "el 80 por 100 de las veces calma la situación". El sindicato recalca que estas defensas se llevan usando desde el año 2008 sin que haya habido ningún caso de mala praxis. La solución definitiva, según el SPPLB, está en manos del Gobierno. El sindicato insta a los ministerios implicados y a Puertos del Estado a aprobar de una vez el reglamento que lleva más de dos décadas atascado. Aunque la presidenta de la Autoridad Portuaria ha mostrado su apoyo a los agentes, se ve obligada a acatar una orden superior.