Cuenta el investigador de la historia ilicitana Jesús Andreu (a la sazón diligente mando policial) en la web de la Cátedra Pedro Ibarra (elche.me) que la nefasta restauración en el poder de Fernando VII en 1823, tras el frustrado Trienio Liberal-Constitucional, acarreó un exhaustivo control militar y policial de la población española. Una vigilancia que no solo se centraba en los individuos o grupos opuestos políticamente al monarca absolutista, sino también incluso en aquellos vecinos a los que no se les conocía oficio ni beneficio. Control que se dejó en manos de los ayuntamientos y de los alcaldes de barrio.