En el otoño de 2010, al día siguiente de que el Fidesz de Viktor Orbán reformara la ley húngara de medios y creara un Consejo Nacional de Comunicaciones compuesto íntegramente por militantes del partido, las sillas de mando en la televisión y la radio estatales habían cambiado de ocupantes. Fue el primer movimiento de una estrategia paulatina que, quince años después, ha dejado el periodismo independiente húngaro al borde del abismo: el Gobierno controla hoy el 80% de los medios del país. No es una metáfora ni una exageración. Es la conclusión documentada del informe La represión de los medios independientes en Hungría, 2010-2025, elaborado por Mertek Media Monitor y la Rule of Law Lab de la Universidad de Nueva York , que califica el caso húngaro como “el ejemplo más sofisticado de captura de medios en la Unión Europea”. Es un manual. Una hoja de ruta. Y, para quien quiera leerlo con los ojos bien abiertos, una advertencia sobre lo que puede ocurrir en cualquier democracia occidental cuyos dirigentes decidan seguir ese camino. España tiene razones para leer ese informe con especial atención. Vox, el partido de la ultraderecha española, no solo ha expresado su admiración por Orbán: en febrero de 2025 compartió con él escenario en Madrid para proclamar juntos la “reconquista” de Europa. La alianza no es retórica; es programática . Y las tácticas que el partido de Santiago Abascal ya practica en la oposición guardan un parecido perturbador con los primeros pasos del manual de Budapest. Lo más inquietante del modelo húngaro no es su brutalidad, sino su elegancia procedimental. Orbán nunca encarceló a un periodista. No clausuró periódicos mediante decreto. No mandó policías a las redacciones. Utiliza algo mucho más efectivo y mucho más difícil de combatir: el derecho administrativo, el mercado publicitario y la resignación gradual del periodismo. El mecanismo está bien documentado. Primero, la creación del Consejo de Medios afín al partido dotó al Gobierno de una herramienta regulatoria con apariencia de independencia institucional. Luego, cuando una emisora incómoda cometía la más mínima infracción técnica —un error en el registro de su licencia, un formulario presentado fuera de plazo—, el Consejo actuaba con una severidad que nunca aplicaba a los medios gubernamentales. Así fue como Klubrádió, la mayor emisora de radio independiente del país, perdió su licencia de emisión en 2020. Un fallo administrativo menor fue el pretexto. La voluntad política fue la causa. En paralelo, cuando la regulación no llegaba, la asfixia económica completó la tarea. El Gobierno húngaro redirigió sistemáticamente los fondos de publicidad institucional hacia medios afines. Los anunciantes privados, atentos a los signos del poder, siguieron la señal. Las cabeceras independientes vieron desplomarse sus ingresos publicitarios sin que nadie hubiera firmado ninguna orden de censura. El mercado, perfectamente manipulado desde el poder, hizo su trabajo. El resultado fue la creación del Kesma , un conglomerado mediático fundado en 2018 que reúne bajo un mismo paraguas a más de 500 medios —periódicos regionales, radios, webs, televisiones— previamente en manos de empresarios próximos al Fidesz. La operación fue presentada como una fusión empresarial voluntaria. Las autoridades de competencia fueron consultadas y, en un ejercicio de institucionalidad sometida, determinaron que no era necesario un análisis exhaustivo porque el conglomerado actuaba “en interés público”. Hoy, esa maquinaria trabaja a pleno rendimiento. El periodista de investigación Andras Petho, del portal húngaro Direkt36 , uno de los pocos medios independientes que sobrevive en ese ecosistema hostil, lo resume con precisión: “El objetivo del Gobierno es claramente doble. Por un lado, este proyecto es una venganza. Por otro, es la construcción de una realidad alternativa donde la oposición simplemente no existe” . Lo dijo en 2025, cuando el Parlamento húngaro tramitaba ya una ley de “protección de la soberanía” calcada de la ley rusa de agentes extranjeros, que permitiría multar a cualquier medio que reciba financiación del exterior con hasta 25 veces el importe recibido. “Su defensa de las libertades se produce cuando veta la entrada en su sede a medios como la SER, El País , Público o eldiario.es, a pesar de las sentencias condenatorias por este tipo de prácticas”. La frase no pertenece a ningún medio de la izquierda. Está tomada de un editorial de Libertad Digital, medio de referencia para muchos votantes de la derecha española, y se publicó en octubre de 2024 al hilo de la paradoja fundacional de Vox: presentarse como paladín de la libertad de expresión mientras veta sistemáticamente a los periodistas que no son de su agrado. Esta práctica discriminatoria está documentada y ha sido condenada judicialmente. Reporteros Sin Fronteras la ha denunciado en repetidas ocasiones. Y, sin embargo, Vox no solo no la ha abandonado, sino que la ha perfeccionado . Santiago Abascal canceló en las generales de 2023 una entrevista pactada con Abc cuando el diario publicó una información sobre pactos postelectorales del partido. El periódico lo denunció en un editorial. El veto se complementa con una retórica de deslegitimación que copia con fidelidad asombrosa el vocabulario de Budapest. Allí, Orbán habla de “medios del dólar” y “agentes extranjeros” para referirse a las cabeceras independientes. Aquí, Vox etiqueta a los periodistas críticos como “sicarios a sueldo” o “altavoces mediáticos” de los partidos contrarios. La lógica es la misma: si consigues que el público no vea a la prensa independiente como un árbitro de la realidad, sino como un actor político más —y uno corrupto, además—, habrás pavimentado el camino para que cualquier restricción futura sea percibida como un acto de justicia y no como una agresión a la libertad. A esto se añade el uso de herramientas legales como instrumento de presión . El informe de Mertek señala la proliferación de los SLAPP —demandas abusivas estratégicas contra la participación pública— como uno de los mecanismos favoritos del régimen húngaro para agotar económicamente a los medios pequeños. En España, el Informe sobre la Libertad de Prensa de la UE 2025 ya señala al país entre aquellos donde las demandas abusivas contra periodistas representan una amenaza real y creciente. La tendencia no es exclusiva de ningún partido, pero quienes la cultivan como estrategia deliberada la convierten en un arma de silenciamiento sistemático. Y luego están las alianzas internacionales, que revelan la dimensión programática del proyecto. En julio de 2024, Vox abandonó el grupo ECR de Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo para sumarse al grupo Patriotas por Europa, donde ya estaban el Fidesz de Orbán y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. En febrero de 2025, Abascal compartió mitin en Madrid con el propio Orbán para proclamar la “reconquista” del continente. No fue solo retórica electoral. Es la construcción de una internacional cuyo denominador común —junto al rechazo a la inmigración y al escepticismo ante la integración europea— es precisamente la hostilidad hacia el periodismo independiente. ¿Está el periodismo español blindado ante una hipotética llegada de Vox al Gobierno, de la mano del PP? La cuestión relevante no es qué haría Vox si gobernara mañana, sino qué condiciones estructurales del sistema mediático español hacen posible o imposible que alguien siga el manual de Budapest en el futuro, venga de donde venga. La respuesta honesta es que existen vulnerabilidades reales. La asignación de la publicidad institucional ha sido denunciada durante décadas como opaca y susceptible de ser utilizada como palanca de premio y castigo y sigue sin ser regulada. El Informe de Libertad de Prensa de la UE 2025 señala explícitamente a España, junto a Hungría, Bulgaria y Grecia, entre los países donde los gobiernos ejercen influencia sobre los medios a través de “la asignación opaca de fondos publicitarios estatales o favoreciendo a medios afines al gobierno”. La mención no equivale a equiparar situaciones radicalmente distintas, pero sí revela que el mecanismo existe y que ningún actor político español puede proclamarse inocente en su uso. A ello se une la alta concentración de propiedad mediática que ya existe en España, donde grandes grupos empresariales controlan las principales cabeceras. La concentración en sí no equivale a captura —la independencia editorial puede sobrevivir a la concentración empresarial si existen contrapesos institucionales sólidos—, pero crea las condiciones en las que una sola presión política sobre un propietario determinado puede tener efectos multiplicadores sobre la pluralidad informativa. España ocupa el puesto 23 en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras 2025, una posición sólida que refleja un marco legal entre los más garantistas del continente. El sistema constitucional, la independencia judicial —maltrecha pero no destruida—, la sociedad civil y la propia combatividad de muchos periodistas españoles son activos que Hungría no tenía en 2010 con la misma solidez. Pero el proceso húngaro tardó quince años en tomar forma. No fue un golpe. Fue una erosión. Y precisamente ahí reside la advertencia que el caso húngaro lanza a España: la captura mediática no comienza con la censura declarada. Empieza con el veto a determinados periodistas. Continúa con la retórica que los convierte en enemigos. Avanza con la asfixia financiera que nadie percibe como tal porque no lleva firma de autor. Y culmina, si nadie lo detiene, con un Consejo de Medios que recoge las licencias de emisión de las emisoras incómodas por una coma fuera de lugar en un formulario administrativo. La Ley Europea de Libertad de Medios —EMFA, por sus siglas en inglés— entró en vigor en agosto de 2025 tras años de negociación. Establece estándares contra el espionaje de periodistas, exige transparencia en la propiedad de los medios y prohíbe la influencia política en los consejos editoriales de los medios públicos. Es, sobre el papel, exactamente la herramienta que necesitaba la Unión Europea para haber frenado a Orbán diez años antes. El problema es ese. El papel. Hungría rechazó la norma desde el primer momento. Un informe reciente de Liberties —una organización no gubernamental con sede en Berlín, dedicada a la defensa y promoción de las libertades civiles y derechos fundamentales— constata que la mayoría de los Estados miembros no parecen “preparados, o incluso son reacios” a aplicar la EMFA con plena fidelidad. Es verdad que la Comisión Europea puede abrir procedimientos de infracción, pero sus mecanismos son lentos, sus sanciones difíciles de ejecutar y su voluntad política de enfrentarse a un Estado miembro raramente está a la altura de la retórica de sus comunicados. Las recomendaciones de la UE a Hungría acumulan años de “progreso cero” porque no existe voluntad política de aplicar los instrumentos coercitivos disponibles con la contundencia necesaria. Vox, coherentemente, ha calificado la EMFA de “farsa” y de amenaza a la soberanía nacional, en un eco perfecto de las declaraciones de Orbán cuando el Parlamento Europeo aprobó la norma. La coincidencia no es casual: forma parte de la misma estrategia que presenta cualquier salvaguarda supranacional como una agresión a la identidad nacional, precisamente para dejarla sin defensores cuando llegue el momento de ignorarla. Paradójicamente, el PP de Alberto Núñez Feijóo también se opone a su aplicación en España, a pesar de que sus diputados la apoyaron en Estrasburgo. Y si el Gobierno no consigue desplegar plenamente el escudo democrático que la EMFA representa para el periodismo y el PP y Vox consiguen alcanzar el Gobierno, ambos partidos tendrán en sus manos herramientas suficientes para congelar su implementación práctica.