El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado improcedente el despido de una trabajadora a la que se obligó forzosamente a la jubilación. Según la Justicia, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) no podía cesar el contrato de la empleada solamente por la edad, ya que esta no cumplía con los requisitos para acceder al 100% de la pensión ordinaria.