En Andalucía se muere más que en la media de España. No es una consigna política ni una exageración interesada. Es un dato oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE): 871,1 muertes por cada 100.000 habitantes, un 11,6% por encima de la media nacional. Con más de 8,5 millones de habitantes y una población más joven que la del conjunto del país, esa desviación no es anecdótica. Es un diferencial sostenido que obliga a analizar causas y responsabilidades. En 2025 fallecieron en Andalucía 75.686 personas, un 3,11% más que el año anterior. Hubo 15.000 muertes más que nacimientos. La esperanza de vida ronda los 82 años, un año menos que la media española. La mortalidad infantil también es mayor que el promedio estatal en los últimos registros comparables. No hablamos de sensaciones. Hablamos de estadísticas oficiales que, analizadas en conjunto, dibujan un escenario preocupante bajo el mandato de Moreno Bonilla. Conviene ser rigurosos. Ninguna cifra, por sí sola, permite establecer una relación automática entre una decisión concreta y un fallecimiento concreto. La salud depende de muchos factores: renta, educación, desigualdad, hábitos de vida o entorno. Pero el funcionamiento del sistema sanitario influye directamente en tres fases clave: prevención, diagnóstico precoz y continuidad asistencial. Y cuando esas tres fases se debilitan de forma sostenida, los resultados acaban reflejándose en las estadísticas de mortalidad. La brecha del 11,6% no es menor. Si Andalucía tuviera la tasa media de España, se evitarían miles de muertes al año. Es una simple proyección estadística aplicada a una población de millones de personas. Por eso el dato es políticamente relevante. Un informe conjunto de SATSE, CSIF, CCOO, UGT y plataformas en defensa de la sanidad pública señala que Andalucía supera la media estatal en cinco de las seis principales causas de muerte: cáncer, infarto, ictus, insuficiencia cardiaca y suicidio. En mortalidad cardiovascular, la tasa alcanza 300 muertes por cada 100.000 habitantes. En el caso de las mujeres, la mortalidad por ictus se sitúa en 47,6 frente a 36,6 de la media nacional. Es decir, el riesgo relativo es sensiblemente superior. En patologías tiempo-dependientes como el infarto o el ictus, el tiempo es decisivo. Cada minuto cuenta. Si el sistema tarda en detectar, derivar o intervenir, el pronóstico empeora. Y aquí es donde la organización del sistema sanitario importa. Un sistema ágil salva vidas, uno tensionado incrementa riesgos. La Atención Primaria es el primer dique de contención. Es donde se controla la hipertensión, el colesterol, la diabetes. Sin embargo, en Andalucía la media para conseguir cita con el médico de cabecera supera los diez días en numerosos distritos sanitarios. Cuando la puerta de entrada se colapsa, la prevención se resiente. Y cuando la prevención falla, los hospitales reciben pacientes en fases más acabadas y con mayor complejidad clínica. El déficit estructural de profesionales agrava esta situación. Andalucía cuenta con 3,1 sanitarios por cada 1.000 habitantes, frente a 3,7 de media nacional. En hospitales hay 1,73 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que la media española es 2,23...