En las últimas semanas los profesionales sanitarios del país han alzado la voz ante lo que consideran un Estatuto Marco que queda lejos de las necesidades reales del sector, lo que ha llevado a una semana de huelga médica y a exigencias de un texto propio que reconozca las singularidades de estos profesionales. Un complicado escenario que sufren los profesionales sanitarios y que ha protagonizado también los reproches del Partido Popular (PP) hacia la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien exigen que dimitan. Sin embargo, lejos de las quejas que llevan entonando durante este semana médicos y facultativos y las acusaciones en cascada de los populares, conviene destacar en este punto que en materia de Sanidad las competencias no las asume por completo el Estado. Volviendo atrás en el tiempo hasta la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía, de estos se desprende que las competencias en sanidad se distribuyen entre el Estado y las comunidades autónomas, aunque la mayor parte de estas recaen sobre cada uno de los Ejecutivos regionales. Con este telón, en lo que concierne al Estado, este debe asumir la legislación básica, es decir, todo aquello relacionado con el establecimiento de leyes y regulaciones que velan por la coordinación entre las diferentes autonomías. En línea con ello, el Estado también debe trabajar por coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el fin de garantizar la cohesión entre los diferentes servicios sanitarios que se extienden por todo el país. Entre otras cosas, ante escenarios extremos que pongan en riesgo la salud en el conjunto del país, como una emergencia o crisis sanitaria -como fue el caso de la pandemia de Covid-19- es también el Estado el encargado de aplicar las medidas necesarias y responder ante ello. En este mismo orden de cosas, entre otras competencias que pertenecen al órgano estatal se encuentra la regulación y financiación de medicamentos y productos sanitarios; así como velar por la seguridad sanitarias internacional que comprende la vigilancia de enfermedades infecciosas y los acuerdos internacionales en esta materia. Sin embargo, al margen de todo ello, los Gobiernos de cada comunidad autónoma también son responsables de la gestión de diferentes aspectos. En esta línea, a los Ejecutivos autonómicos les compete la gestión de los hospitales y los centros de salud de su territorio, lo que supone también la contratación de personal, la gestión de las infraestructuras y la prestación de los servicios asistenciales. Asimismo, en términos de financiación, también son las comunidades autónomas quienes deben hacerse responsables de sus sistemas sanitarios a través de las transferencias del Estado y de sus propios recursos. Además de ello, la planificación y gestión de sus sistemas de salud con los correspondientes programas de prevención, promoción de salud, vacunación y atención primaria también le compete a cada gobierno regional. Es decir, el Estado es el encargado de legislar y coordinar y las autonomías son las responsables de prestar servicios sanitarios y políticas de salud en sus territorios. Los salarios y las jornadas...