El orden que surgió tras la Guerra Fría se ha agotado. No es una opinión; es un hecho que los principales líderes occidentales reconocen ya abiertamente. Friedrich Merz, Donald Tusk y Giorgia Meloni lo llevan planteando con claridad en los últimos meses. Y en la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, fue más allá al hablar de un «nuevo siglo occidental». La cuestión, por tanto, ya no es si el mundo ha cambiado, sino si estamos a la altura de lo que ese cambio exige. Occidente no es una alianza circunstancial ni una nostalgia cultural. Es una tradición política forjada durante siglos: la primacía del Derecho sobre el poder, la libertad individual frente a la arbitrariedad, la separación de poderes como garantía de la dignidad humana. Esa tradición nació en Europa, se proyectó a través del vínculo atlántico y estructuró el orden internacional de las últimas décadas. Por lo que, si se abre una nueva etapa, Europa no debería limitarse a reaccionar. Tenemos la obligación de contribuir a definirla. La seguridad es el primer capítulo de esa responsabilidad. La guerra en Ucrania ha recordado que la paz europea requiere capacidad material y determinación política. La OTAN, alianza político-militar de carácter defensivo que protege a mil millones de personas, continúa siendo el marco esencial de nuestra defensa colectiva. Pero Europa debe reforzar su capacidad de decisión y su coherencia interna en materia de defensa. Integrar mejor sus recursos, coordinar su planificación y fortalecer su base industrial no es una concesión a nadie; es una exigencia de madurez política. El 2 por ciento del PIB en defensa ya no es suficiente; debemos avanzar hacia los compromisos asumidos en La Haya. Y ese gasto debe hacerse, prioritariamente, en industria europea: invertir en nuestra seguridad debe ser también invertir en nuestro tejido productivo. Y lo es, precisamente, para ser un aliado más fuerte, no para dejar de serlo. Creo en el vínculo trasatlántico y estoy convencido de que debemos preservarlo y reforzarlo. Creo, también, que para lograrlo Europa tiene que hacer más. No sólo en términos financieros, sino en voluntad política y en capacidad industrial. Los europeos debemos prepararnos como si tuviésemos que actuar solos, sabiendo que es más eficaz y más seguro trabajar hombro con hombro con Estados Unidos . Ya dijo Churchill que peor que pelearnos con nuestros aliados es pelear sin ellos. Ahora bien, alianza no es dependencia. Necesitamos socios que se respeten mutuamente, no subordinación. La dimensión económica es inseparable de esta ambición. Europa no mantendrá su influencia si sigue perdiendo base productiva y no hace nada por recuperar el liderazgo tecnológico. Necesitamos autonomía estratégica en sectores críticos para que ningún rival pueda utilizar nuestras cadenas de suministro como palanca de presión. Pero autonomía estratégica no es proteccionismo. Las mayores etapas de prosperidad de Occidente –también de Estados Unidos– coincidieron siempre con la apertura comercial, no con el aislacionismo. Eso sí. La respuesta a quienes manipulan las reglas del comercio internacional no es renunciar al comercio abierto, sino exigir reciprocidad y competir con más determinación. Para ello, Europa necesita también simplificar una carga regulatoria que asfixia a nuestras empresas y les impide competir en igualdad de condiciones. Y la misma lógica de realismo debe aplicarse a nuestra política energética. Descarbonizar es una necesidad que no discutimos, pero que se ha convertido en un dogma que asfixia a nuestras economías. Una política climática que encarece la energía hasta hacer inviable la industria no protege el futuro; lo hipoteca. Necesitamos energía estable y asequible, no una desventaja frente a competidores que explotan sin escrúpulos todos los recursos a su alcance. Ni negacionismo ni flagelación: realismo. De todo ello depende, en última instancia, la viabilidad del modelo social europeo, que junto con el mayor espacio de libertad y prosperidad del mundo ha hecho de Europa un horizonte de esperanza para millones de personas que vienen buscando una vida mejor. Precisamente por eso no podemos permitir que la inmigración desordenada lo erosione desde dentro. El nuevo siglo exige afrontar la inmigración con seriedad. La migración masiva sin orden ni límites erosiona la cohesión social y, sin una integración real, terminará por destruir los propios valores que nos hacen atractivos. Europa es heredera de una tradición de raíces cristianas, de libertades conquistadas durante siglos y de un modelo de convivencia sin equivalente en el mundo. No podemos dar por sentado que todo eso sobrevivirá por inercia. Abrir las puertas sin abrir los ojos es una irresponsabilidad. Pero cerrarlas a cal y canto, reduciendo el debate a un discurso identitario o a una lógica de repliegue, tampoco es la respuesta. Necesitamos legalidad firme, control efectivo de fronteras exteriores, cooperación con países de origen y tránsito, y una integración exigente basada en derechos y deberes. La regularización indiscriminada o unilateral, al margen del marco europeo, debilita la política común y traslada tensiones a nuestros socios. La inmigración exige responsabilidad de Estado y lealtad europea. El Pacto Europeo de Migración y Asilo es el marco adecuado. Aplicarlo con rigor, no esquivarlo con decisiones unilaterales, es la única vía seria. En este marco, nuestro país ocupa una posición singular. Frontera sur de la Unión, puente atlántico, actor clave en el Mediterráneo. La relación histórica con Hispanoamérica amplía la proyección europea. El nuevo siglo occidental no se decidirá solo en el eje centroeuropeo; también se definirá en el Magreb, en el flanco sur y en el espacio atlántico ampliado. Los españoles no podemos limitarnos a acompañar decisiones ajenas; debemos contribuir a orientarlas. Pero esa ambición exterior es imposible sin coherencia interior. La calidad institucional, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley no son conceptos abstractos; son condiciones de poder. Cuando un Gobierno prioriza su supervivencia parlamentaria sobre el interés general, cuando fragmenta consensos básicos o adopta decisiones unilaterales al margen del marco europeo, la posición internacional del país se resiente. La política exterior no puede construirse sobre concesiones orientadas a la supervivencia política del Gobierno ni sobre improvisaciones que trasladan problemas a nuestros socios. España exige estabilidad institucional, claridad estratégica y una política exterior que piense en décadas, no en semanas. Ir a la contra no es una opción. La libertad, la seguridad y la prosperidad no se defienden solas: ¿va el Gobierno de Sánchez a situar a España en el nuevo tiempo o nos condenará a la irrelevancia?