La Administración de Donald Trump ha decidido que 2026 puede ser el año de un cambio histórico en Cuba. El encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, ha descrito en ABC una realidad indiscutible: el régimen de La Habana está agotado, la crisis económica y social es profunda y el 'statu quo' ya no es sostenible. Nombrado por el Gobierno de Joe Biden, Hammer habla abiertamente de contactos con «ciertas personas del régimen» y de una «salida pacífica» que permita una apertura. La singularidad de la política estadounidense actual reside en su doble enfoque: no se limita a sancionar, sino que obliga a las dictaduras de izquierda a plantearse reformas. Tras la muerte de Fidel Castro y el aparente relevo generacional con el alejamiento de su hermano Raúl, el régimen cubano se encastilló, paralizado entre reformistas tibios y veteranos nostálgicos. El colapso de suministros energéticos y la interrupción del petróleo venezolano han agudizado estas tensiones internas de forma irreversible, hasta el punto de que ahora la cúpula está empezando a entender que no puede ignorar los nuevos tiempos. La política de Trump y Marco Rubio muestra una lectura clara de esta fractura interna. Su objetivo es articular una presión tal que obligue a las élites a elegir: apertura y pactos ordenados o colapso del sistema. Esta estrategia se inspira en la experiencia venezolana en curso tras la detención de Nicolás Maduro. El papel de los cubanos en el aparato estatal venezolano –no sólo como guardia personal, sino como estructura de apoyo en inteligencia y servicios sociales– ha sorprendido a los estrategas estadounidenses por su profundidad y extensión. Ese enfoque de 'presión más incentivo' convierte a la política de Trump en una de las más originales de los últimos años: trata de obligar a las dictaduras de izquierda a reconsiderar internamente sus estructuras de poder ante el colapso de apoyos externos y la pérdida de recursos vitales. Frente a esta hoja de ruta articulada por EE.UU., España exhibe una preocupante ausencia de proyecto estratégico en Iberoamérica. Desde el fin del Gobierno de José María Aznar, ningún Ejecutivo español ha logrado construir una política regional sostenida. Zapatero sólo mostró interés en Venezuela tras salir de La Moncloa. El Gobierno actual ha profundizado esa desorientación: su apoyo al chavismo y la solicitud precipitada de levantamientos de sanciones a Delcy Rodríguez han sido percibidos como complacientes con los regímenes autoritarios, debilitando la influencia española en un entorno donde se requiere firmeza y claridad. España mantiene lazos históricos y culturales con Cuba y tiene intereses económicos legítimos en la isla. Sin embargo, su falta de iniciativa estratégica la relega a un papel secundario mientras otros actores avanzan con propuestas claras . La coyuntura cubana de 2026 puede marcar un hito histórico en el Caribe. España tiene razones fundadas para participar activamente en su resolución. Pero no bastan los gestos: se necesita una política iberoamericana articulada que defienda la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo. Porque, en política exterior, quien no tiene plan termina subordinado al de los demás.