S.D.S., un vecino de Maó que hace años decidió inscribirse de manera voluntaria en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego, está en pie de guerra contra lo que considera una tasa desproporcionada que exige la administración balear para poder darse de baja de este registro. Una medida que, según él, se convierte en una barrera económica imposible de superar para muchas personas que ya han logrado controlar su adicción al juego.