La subida del salario mínimo interprofesional es uno de los momentos más esperados cada año por el Gobierno, una política a la que pueden sacar réditos sin dar explicaciones porque no es necesaria la convalidación del Congreso. Es «un acto de justicia social», recalcó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la firma del acuerdo con los sindicatos para aumentar el SMI un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales. Pero es un «acto de justicia social» que no celebran los sectores o colectivos donde el indicador económico tiene más peso en la formación de los salarios. En este caso ocurre todo lo contrario. Es la cara más amarga de los incrementos del salario mínimo. La literatura económica no es clara sobre las consecuencias que tiene el aumento del SMI en el empleo. Organismos como el Banco de España o la Autoridad Fiscal han sostenido en sus informes que el alza del 22,3% llevada a cabo en enero de 2019, la más elevada, fue un lastre para el empleo, lo que han sostenido los empresarios, pero niega el Gobierno y los sindicatos. Los expertos que fueron nombrados por Yolanda Díaz para evaluar el impacto que tuvo aquella primera subida, como la catedrática de Economía Sara de la Rica, concluyeron que destruyó puestos de trabajo. Sus planteamientos durmieron en un cajón durante un año. Y lo que dicen las estadísticas cuando se analiza cómo ha evolucionado la ocupación en sectores en los que el salario mínimo es un 90% de la masa salarial está lejos de las celebraciones que suelen acompañar en los últimos años a la publicación de los datos del mercado de trabajo. Desde que el Ejecutivo comenzó la escalada de incrementos en 2019, que ya acumulan un 66%, sectores como comercio, agricultura, el colectivo de empleadas de hogar, o los autónomos, el 68% de ellos con ingresos fiscales por debajo del SMI, han perdido fuerza laboral. Los datos de la Seguridad Social reflejan que las empleadas de hogar , que están en su nivel más bajo de afiliación con 342.676 ocupadas, contaban a final de 2025 con 67.003 puestos menos que, sumados a los 146.195 ocupados que se han quedado en camino en el campo, la ganadería y la pesca suponen 146.772 destruidos. A estos se suman los 28.044 trabajadores autónomos menos encuadrados en el régimen SETA, lo que da como resultado global una pérdida de 241.242 ocupados. Y si a esta cifra sumamos 72.293 autónomos menos en el comercio , 27.876 en industria y 12.578 en agricultura, serían 112.747 más, entre ellos autónomos empleadores. La suma total de empleo destruido se dispara hasta los 353.990, algo más de 50.000 puestos de trabajo anuales que se han quedado por el camino. «El aumento de trabas y cargas administrativas, el alza de costes laborales y de Seguridad Social provocan una asfixia fiscal que se traduce en una pérdida de autónomos que crean empleo. Y aún hay quien dice que les va como un cohete y que tienen beneficios empresariales», ha asegurado el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor en la red social X. Desde que Pedro Sánchez aprobó la primera subida del SMI el indicador ha pasado de 736 euros a los actuales 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. En el mismo periodo los precios han crecido un 23%, lo que supone una ganancia de poder adquisitivo de 40 puntos. Pero en el mismo periodo también, teniendo en cuenta la subida del 3,1% que se aplicará este año, se ha disparado el coste laboral por trabajador, que ha pasado de 1.129 euros en 2018 a 1.893 euros , lo que supone 9.168 euros más al año. Como ya avanzó ABC, los cálculos que manejan los empresarios son que la subida de otros 37 euros en la nómina de los que perciben el SMI este año implicará 807,33 euros más en costes laborales. Una factura difícil de digerir para los que pagan esta renta mínima -pymes y autónomos-, que perciben 2,5 millones de trabajadores, y sobre los que recaen otros costes, como la subida de las bases máximas en un 3,9% o del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ha escalado este ejercicio hasta el 0,9% (0,75% a cargo de la empresa y 0,15% del trabajador). Las bases mínimas se incrementan igual que el salario mínimo, un 3,1%. «El tejido empresarial español se encuentra al límite. Las pequeñas y medianas empresas que representan el 99,8% del tejido productivo , están siendo sometidas a un asfixiante incremento de costes que pone en riesgo su supervivencia y, con ello, el empleo que sostienen que no tienen en cuenta las distintas realidades empresariales», avisa Cepyme. Para la organización que dirige Ángela de Miguel esta «presión constante» está vaciando el país de microempresas. Según sus datos, más de 23.000 han desaparecido en los últimos cinco años. «Continuar aumentando costes y cargas sin ofrecer alivio fiscal o medidas de apoyo -dice la patronal de pymes- no sólo amenaza la viabilidad de miles de negocios, también debilita de manera estructural el conjunto del tejido productivo». La subida del SMI ha provocado en los últimos años enfrentamientos entre el Gobierno y los empresas; sus posiciones están en las Antípodas. Y este ejercicio no estuvo exento, con una escenificación en la que se dieron cita cinco ministros más la presidenta del Congreso, y en la que estuvo presente Pedro Sánchez cuando no es frecuente que acuda a este tipo de ceremonias; no lo hacía, de hecho, desde 2020. Sus 'misiles' fueron directos hacia los empresarios para recriminar la ausencia de los empleadores en el acto; se preguntó dónde estaban, «cuando las empresas consiguen beneficios multimillonarios» y «cuando el Ibex logra máximos históricos». Acción, reacción. «Parece que hay que seguir buscando enemigos para tapar, no sé, alguna miseria», fue la contestación del presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Y añadió: «El gran drama es que no se pueden subir los salarios porque el Gobierno se está poniendo morado, y lo digo así de claro, a subir impuestos desde el punto de vista de lo que son los seguros sociales (...) Todo al final se lo come el Gobierno, porque si no, estarían en los bolsillos de los trabajadores».