Abogados y procuradores de Cádiz, agrupados en el movimiento J2 y la plataforma Pasarela al RETA, se concentraron el pasado día 20 en la capital gaditana para exigir una solución a su precaria situación. Su reclamación central es la creación de una "pasarela" que les permita traspasar las aportaciones realizadas durante su carrera en las mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), reconociendo su antigüedad. Según denuncia Carmen Leal, portavoz del movimiento, muchos profesionales se ven abocados a pensiones "irrisorias" de 300 o 400 euros, cifras que a menudo no alcanzan la cuantía de una pensión no contributiva. Esta situación obliga a muchos a no poder jubilarse y seguir ejerciendo "aparte de la vocación que nunca se pierde en esta profesión" para poder vivir dignamente. La problemática va más allá de la cuantía, ya que el sistema de las mutualidades les deja sin derechos que sí cubre la Seguridad Social. "No tenemos derecho a una incapacidad permanente total, ni a una parcial, ni a unas lesiones permanentes no invalidantes, no tenemos derecho a una pensión de orfandad", lamenta Leal. Además, señala que las mujeres se ven "discriminadas" con pensiones aún menores por su mayor esperanza de vida. El colectivo rechaza el argumento de que pagaban poco. "Estamos cansados ya de escuchar el mantra de que si hemos pagado poco", afirma la portavoz, quien subraya: "Hemos pagado lo que nos han exigido por parte de las mutualidades desde un primer momento". La sensación de desamparo es total, ya que sus prestaciones no se revalorizan anualmente ni incluyen pagas extraordinarias. La solución lleva tres años reclamándose. Aunque se presentó una proposición de ley por parte del PSOE, el colectivo la considera "claramente insuficiente". Leal explica que ocho grupos parlamentarios apoyaron sus peticiones y ahora exigen al Partido Socialista una "enmienda transaccional" que recoja íntegramente sus peticiones "de una vez por todas". La principal reivindicación se resume en el lema "1 por 1 para todos, no más demoras", que busca que cada euro aportado cuente para una futura pensión pública. El objetivo es tener derecho a una "pensión digna", como establece el artículo 50 de la Constitución Española. "Nuestras pensiones no son pensiones en sí", concluye Leal, asegurando que no abandonarán la lucha hasta lograr su objetivo.