El sector agrario de Ávila atraviesa un comienzo de año complicado, marcado por varios frentes abiertos. Según ha denunciado el presidente de ASAJA Ávila, Joaquín Antonio Pino, los agricultores y ganaderos luchan contra los daños del temporal, la incertidumbre sobre la Política Agraria Común (PAC) y las restricciones administrativas, como el acotamiento de pastos por incendios. Uno de los principales problemas es la prohibición del pastoreo en superficies afectadas por grandes incendios en años anteriores. La legislación autonómica impide el acceso del ganado durante cinco años, lo que también anula estas tierras como superficie elegible para la PAC. Pino ha confirmado que, tras una reunión con el delegado territorial de la Junta, esperan que se agilice el levantamiento de esta restricción "del año 2025 y de los años anteriores". La negociación de la nueva PAC genera una "incertidumbre máxima". Desde ASAJA advierten de que una posible reducción de los fondos provocaría graves dificultades en el sector. "Si se reduce ese importe, va a haber muchos problemas en la agricultura y la ganadería, y muchas explotaciones desaparecerían", ha alertado Pino. Por ello, la organización agraria reclama a las administraciones que "flexibilicen al máximo los requisitos de la PAC". Apelan a "causas de fuerza mayor" para adaptar las exigencias medioambientales y de siembra a la difícil situación provocada por los temporales, especialmente en cultivos como la remolacha. El reciente temporal de lluvias ha dejado numerosos campos anegados, impidiendo labores esenciales como el abonado o los tratamientos fitosanitarios. Aunque los embalses están llenos, los daños en los cultivos son evidentes. "Hay parcelas que se han encharcado, y donde ha habido exceso de agua, la raíz se ha podrido y ya eso no tiene solución", explica el presidente de ASAJA Ávila. Las pérdidas son especialmente graves en cultivos cuya recolección se ha visto interrumpida, como la patata o la remolacha. Joaquín Antonio Pino asegura que en muchos casos el producto "no se va a poder sacar" o "se ha echado a perder", por lo que insiste en la necesidad de que la administración "sea sensible" y flexibilice la PAC para no agravar más la situación económica de los afectados.