El Partido Popular ha reafirmado su compromiso con los vecinos del barrio de A Milagrosa, en Lugo, y ha vuelto a exigir al gobierno local que adopte medidas efectivas para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. La portavoz popular, Elena Candia, se ha dirigido a las 1.500 personas que firmaron para reclamar soluciones, asegurando que "su firma no fue en vano" y que su grupo municipal "no parará hasta conseguirlo". El Partido Popular centra su denuncia en la gestión de los expedientes sancionadores del local de ocio nocturno conocido como Las Palmeras. Según la documentación a la que han tenido acceso, el gobierno municipal habría agrupado ocho intervenciones policiales diferentes en solo dos expedientes. Esta decisión, según Elena Candia, es clave, ya que la Ley 10/2017 de Espectáculos Públicos de Galicia establece que la reincidencia se aprecia tras más de una infracción de la misma naturaleza en un año, lo que agravaría la sanción. Si cada intervención hubiera generado un expediente individual, "la reiteración quedaría formalmente individualizada y facilitaría la apreciación de la reincidencia", explican los populares. La comisión de dos infracciones graves en un año convierte la siguiente en muy grave, lo que según la ley permitiría desde la clausura del local hasta la revocación de la licencia. Para los populares, este criterio de agrupación "tiene consecuencias jurídicas directas" que no pueden quedar sin explicación. El establecimiento en el punto de mira, situado en la Rúa Tui, ha sido objeto durante años de reiteradas actuaciones policiales, inspecciones y denuncias vecinales. El Partido Popular sostiene que el local opera en la práctica como un pub o "after" sin la licencia correspondiente, aprovechando un horario más amplio concedido como café-bar, lo que genera constantes problemas de convivencia. A su juicio, la "inacción" del gobierno local ha sido manifiesta. Elena Candia ha revelado que, pese a que existían informes y actas de inspección desde finales de junio, el ejecutivo no actuó. "Es evidente que, a pesar de contar con actas que acreditaban distintas infracciones del local, el gobierno no movió ficha", ha sentenciado. No fue hasta el 28 de octubre, tras meses de "presión política y vecinal", cuando se inició el expediente sancionador.