La inclusión educativa es un derecho fundamental, pero para que sea real y efectiva, debe ser una inclusión de calidad. Este es el clamor que resuena en varios centros educativos de la provincia de Toledo, donde la comunidad educativa denuncia una alarmante falta de recursos para atender a los alumnos con necesidades especiales. El sindicato ANPE Toledo ha alzado la voz para exigir a la Consejería de Educación que actúe de inmediato, poniendo el foco en el caso del instituto Antonio Jiménez Landi de Méntrida, un centro que se ha convertido en el epicentro de una tensión que amenaza con extenderse. La situación, lejos de ser un hecho aislado, ha generado un profundo malestar y estados de ansiedad entre el profesorado y las familias. Según explica Julio Casarrubios, responsable de ANPE Educación en Toledo, la raíz del problema es la desatención por parte de la administración. "Hay grandes profesionales en los centros educativos, grandes equipos de orientación, con unos dictámenes impresionantes y no se les hace ni caso", lamenta Casarrubios. Esta queja resume la frustración de unos docentes que, siguiendo escrupulosamente el procedimiento, han documentado las necesidades y han solicitado formalmente los medios para abordarlas, sin obtener una respuesta satisfactoria. El protocolo es claro. Cuando un centro detecta unas necesidades específicas para garantizar la correcta atención y seguridad de todo el alumnado, el equipo de orientación realiza un informe psicopedagógico donde detalla los recursos humanos y materiales que se requieren. En el caso del instituto de Méntrida, los informes técnicos son contundentes: solicitan la dotación de un ayudante técnico educativo (ATE) a tiempo completo y un profesor de pedagogía terapéutica (PT) también a jornada completa para atender las necesidades del centro, y en particular las de un alumno. Sin embargo, la respuesta de la administración ha sido, a juicio del sindicato, a todas luces insuficiente. La administración solo ha asignado "medio profesor de pedagogía terapéutica", una medida que desde ANPE consideran un parche que no soluciona el problema de fondo y que abandona a los profesionales y a los alumnos a su suerte. Casarrubios insiste en que la inclusión afecta a todos los miembros de la comunidad escolar. "La inclusión estamos todos y todos se ven afectados", afirma, subrayando los riesgos que esta precariedad implica. La falta de personal especializado, advierte, no solo compromete el aprendizaje, sino también la integridad física de alumnos y trabajadores. La crudeza de sus palabras refleja la gravedad de la situación: "Tú mandas a tu hijo a un centro escolar seguro, o tú vas a trabajar a un centro escolar seguro, pero puedes venir con un ojo menos, con un mordisco... y no hay derecho a eso, porque tiene que haber un personal especializado que lo atienda". Para el sindicato, no dotar de los medios necesarios mientras se exige la inclusión es una irresponsabilidad que únicamente "genera un conflicto". El IES de Méntrida no está solo en esta lucha. La falta de recursos es un mal endémico que afecta a numerosos centros en Toledo. Casarrubios enumera una lista de localidades donde se viven situaciones similares, como Santa Olalla, Ocaña, Camarena o Chozas de Canales. En todos estos lugares, la demanda es la misma: más profesorado y personal de apoyo para poder trabajar en condiciones dignas y seguras. Uno de los casos más mediáticos ha sido el del colegio Gregorio Marañón de Olías del Rey, donde la desesperación llevó a los padres a movilizarse. Precisamente, este mismo miércoles hay convocada una concentración de padres de este colegio a las puertas de la Consejería de Educación para protestar por una situación que consideran insostenible. Al igual que en Méntrida, los informes del equipo de orientación del centro no han recibido la atención necesaria por parte de la administración. Ante esta situación, el consejero de Educación afirmó en su momento que ya se habían tomado medidas y el problema estaba solucionado, una versión que choca frontalmente con la percepción de las familias y los sindicatos. Desde ANPE, califican de "penoso" y "lamentable" que la inacción de la administración empuje a la sociedad al enfrentamiento. "Es muy lamentable que tengan que ser los padres los que decidan no llevar a sus hijos a un centro público para que pongan las medidas, cuando hay realmente unos dictámenes maravillosos por parte de los equipos de orientación, y que no hagan caso a los verdaderos profesionales que están en los centros educativos", denuncia Julio Casarrubios. La consecuencia directa de esta política de oídos sordos es un clima de tensión insostenible en los colegios e institutos. La falta de personal no solo sobrecarga a los docentes, sino que genera roces y conflictos "entre los compañeros, entre los padres, entre toda la comunidad educativa", explica el portavoz de ANPE. Los profesores se ven superados, llegando a sufrir cuadros de ansiedad y estrés que incluso han provocado algunas bajas laborales. El sindicato asegura haber agotado todas las vías formales antes de acudir a los medios. Se han enviado "varios escritos, tanto a la Consejería de Educación, como a la delegación de Educación y a la directora general de Inclusión Educativa, y no hemos obtenido respuesta". Ante el silencio administrativo y la situación "crítica" de los docentes, ANPE se vio en la obligación de dar un paso al frente. "Dijimos, si no nos hacéis caso, tendremos que ir a los medios de comunicación para que nos den voz y denunciarlo públicamente". Un último recurso para defender lo que consideran un principio irrenunciable: el interés superior de todos los menores y el derecho a una educación pública segura y de calidad para todos, sin excusas ni excepciones.