La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la situación humanitaria que atraviesan comunidades campesinas de la vereda La Fuente, en el corregimiento Cerro Azul del municipio de Aracataca, tras recientes enfrentamientos armados en la zona rural. Aunque las confrontaciones han cesado y no se reportan víctimas civiles hasta el momento, persisten riesgos para la población debido a la presencia de actores armados y a la posible existencia de artefactos explosivos cerca de las viviendas. De acuerdo con la información expuesta en el Comité de Justicia Transicional, al menos 46 familias —172 personas en total, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes— se han desplazado hacia el casco urbano del municipio. Otras habrían salido hacia localidades vecinas. Las familias desplazadas aún no reciben la atención humanitaria inmediata que contempla la ley. En tanto, quienes permanecen en la vereda enfrentan restricciones a la movilidad y limitaciones en el uso de medios de transporte , así como la retención de bienes y dispositivos de comunicación. En un video difundido en septiembre, un hombre y dos mujeres están parados en la mitad de la calle. De sus cuellos cuelga un letrero en el que se lee: “Por peleoneros. En San Pablo no se pelea”. Luego, durante más de un minuto, solo se dirigen a la cámara pidiendo perdón y asegurando que la ACSN está presente en todos los barrios. “Esta es una labor social que nos toca cumplir”, dice el hombre. Las mujeres solo asienten. Lea también: Iván Mordisco muestra su cercanía con Venezuela invitando al ELN para que “amenacen” a EE.UU. Semanas antes de aquel video circuló otro en el que un joven aseguró: “ Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra me perdonaron la vida por robarme cuatro motos , dos en el callejón de San Jorge y dos en Pescaito. Y hace tres días me robé otra en Pescaito y se la vendí al señor Juan de San Martín, que vive por el parquecito. Mis acompañantes eran Roniel y Fayu de Taganga”. Y esos eran dos de los 17 videos que quedaron en manos de la ONU y no fueron publicados. Los videos son muestras de tortura, y según estatutos internacionales, también constituyen crímenes de guerra. Lo más grave es que tanto las ACSN como el Clan del Golfo han sido grupos armados que se intentaron adherir al proceso de Paz Total sin que se mostraran resultados. La Defensoría señaló que estos hechos evidencian la materialización del riesgo advertido en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, que advertía un escenario de alto riesgo en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. Según lo indicado, la disputa territorial entre las autodenominadas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo ha generado afectaciones a la población civil y un aumento de la vulnerabilidad en la región. Ante este panorama, la Defensoría instó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de manera inmediata las recomendaciones contenidas en la alerta y su plan de acción , con el fin de prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos. También solicitó mantener un monitoreo permanente frente a la posibilidad de nuevas hostilidades y al riesgo de confinamiento prolongado de las comunidades que continúan en la zona rural. Lea también: Iván Mordisco muestra su cercanía con Venezuela invitando al ELN para que “amenacen” a EE.UU. UU. Asimismo, pidió a la administración municipal activar el Plan de Contingencia para garantizar la atención de emergencia a la población desplazada y, de ser necesario, gestionar el apoyo de la Gobernación y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En relación con la niñez afectada, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fortalecer la atención integral. La entidad también exhortó a la Fuerza Pública a adoptar medidas de protección en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y a coordinar acciones para la recuperación y el tratamiento digno de los cuerpos de presuntos combatientes reportados en vías del territorio. Además, señaló la necesidad de adelantar procesos de descontaminación de restos de munición y otros artefactos, priorizando las áreas de tránsito y permanencia de la población civil. Finalmente, la Defensoría reiteró su llamado a los grupos armados presentes en la zona para que respeten los compromisos asumidos con el Gobierno Nacional en los espacios de diálogo y observen de manera estricta las normas del Derecho Internacional Humanitario. La entidad anunció que continuará con el monitoreo y acompañamiento a las comunidades afectadas, en cumplimiento de su mandato de protección y garantía de derechos. Lea además: Cinco masacres en apenas 10 días del año: ya van 18 víctimas de homicidios múltiples en 2026