Continúan los ruidos por presunta contratación indebida en el gobierno Petro. Esta vez, la representante Jennifer Pedraza señaló que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) habría iniciado 12 contratos completamente nuevos por fuera de la Ley de Garantías , por un valor de $25.812 millones, sumados a otros 79 para los que se pidieron prórrogas. Según Pedraza, el ICBF habría solicitado una prórroga para culminar procesos contractuales que ya estaban en curso y que no pudieron culminar antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías por fallas en la plataforma SECOP II . Hasta ahí, todo sería legal y con el propósito claro de permitir la finalización de procesos ya iniciados. Entre ellos, la congresista detalló un total de 79 : 28 estaban en Fase 1 (Diseño del Contrato) , 22 en Fase 2 (Configuración del contrato) , 20 estaban pendientes de firma de la entidad y 9 estaban pendientes de firmar por el contratista. Los más señalados son otros 12 que, según Pedraza, no habrían tenido trámites previos y habrían aparecido “ por arte de magia ”. Cabe aclarar que, de acuerdo con la información recopilada por Pedraza, Colombia Compra Eficiente , administradora de la plataforma SECOP II, autorizó continuar únicamente los procesos ya iniciados, “ no iniciar procesos nuevos ni perfeccionar contratos inexistentes o incompletos en periodo prohibido ”. Entre los 91 contratos, en total se suman más de $121 mil millones . Además, 54 zonas del país se quedaron sin contrato de alimentación, ante lo que Pedraza afirmó que “ eso no es descuido: es improvisación que exige investigación . Por lo anterior, luego el ICBF tuvo que abrir invitación pública por $47 mil millones . Ahora el proceso contractual será más demorado y la alimentación llegará, en el mejor de los casos, al menos dos meses después de iniciado el año ”. Entre estas zonas hay municipios del Urabá antioqueño como Apartadó, Chigorodó, Necoclí y Turbo , y otros como Segovia y Andes . También hay municipios de otros departamentos por todo el país, como La Guajira, Guainía, Chocó, Putumayo, Sucre, Vichada, Tolima , entre otros. Pedraza también señaló que, de por sí, los procesos ya vendrían atrasados, y que la “ falla particular ” de la que habló el ICBF se habría presentado en el límite de la restricción por Ley de Garantías, a solo 30 minutos de que empezara. Lea también: Exclusivo: excuñado del hermano de Benedetti estaría impulsando contrato antidrones por $6.2 billones para empresa turca “Sin embargo, los retrasos contractuales eran serios, no se resolvían en media hora. Y aunque el Protocolo de Indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente les permitía contratar después argumentando la falla técnica, no tenían permitido crear los 12 procesos contractuales que iban en cero ”, añadió Pedraza. Según su denuncia, el ICBF contrató cuando no se podía “y ahora quieren hacerlo pasar por error del sistema ”. Ante lo documentado, Pedraza solicitó a la Procuraduría y a la Contraloría intervenir, investigar y hacer seguimiento riguroso a estos procesos: “ La Ley de Garantías no se suspende a las 11:30 p.m. Y la transparencia no puede depender de una ‘falla particular’”, concluyó. Lea también: Dian tiene en vilo a 4.300 personas que ganaron concurso de méritos, ¿por elecciones? Según explicó el equipo jurídico de la representante, la situación puede tener dos explicaciones: “la mala planeación de la entidad o posible corrupción”.