Un empresario de la construcción afronta una petición de ocho años de prisión por acumular un impago de 250.000 euros con la Seguridad Social y por haber elaborado dos certificados falsos para intentar hacer ver a otras empresas que estaba al corriente en los pagos. En el juicio, celebrado ayer en la Audiencia, el acusado negó cualquier intención de defraudar y achacó lo ocurrido a una situación de insolvencia de la empresa. También niega haber sido él quien hizo esos certificados falsos.