En la temporada 2020-2021, en un partido que estaba disputando el Real Madrid B femenino en la ciudad deportiva de Valdebebas, una jugadora del equipo rival cayó desplomada. Sus temblores y espasmos eran tan alarmantes, que el susto para todos fue monumental. Afortunadamente, el incidente, que fue un ataque de epilepsia, ocurrió en una instalación que tiene todos los medios. La ciudad deportiva del Real Madrid cuenta con instalaciones médicas y profesionales de primer orden y rápidamente el médico del club socorrió a la jugadora rival y la ambulancia presente en las instalaciones la trasladó de inmediato al Hospital La Paz. Al finalizar la temporada 2018-2019, la Real Federación Española de Fútbol entregó el premio Zaballa a la deportividad a la jugadora del Córdoba, médica de profesión, Ana Sáenz de Pipaon, por su actuación profesional al atender a una futbolista del equipo contrario que sufrió un desvanecimiento a los diez minutos de un partido. Solo cinco años después de estos acontecimientos, el Levante Badalona ha sido sancionado con la pérdida de tres puntos en la clasificación por no contar con un médico en el banquillo de los partidos. Y nada más y nada menos que tras seis amonestaciones por parte del comité de competición de la RFEF. Por eso, 40 millones de dinero público después pagado por todos, como es normal, para la mejora general de estatus del fútbol femenino en España y con un relato reiterativo del tipo «vamos ganando», la realidad, tan triste como peligrosa, es que algunos equipos siguen acudiendo a los encuentros en una competición profesional sin médico. El artículo 15 de las Bases de Competición y artículo 122 del Reglamento General de la RFEF dice que «los clubes deben tener adscrito a la plantilla, con la licencia correspondiente, a un médico colegiado, y ese médico debe estar presente en todos los partidos oficiales que dispute el club. Además, el médico asume responsabilidades como control antidopaje y atención sanitaria durante los encuentros. El médico debe estar contratado y con la correspondiente licencia federativa». Es decir, dado de alta oficialmente para ese club y categoría. Pues como quien oye llover. Algunos de los equipos de La Liga F, los dirigentes de esta y la asesoría jurídica externa argumentan que el texto de la norma solo exige presencia médica en los partidos como equipo local, por lo que la solución que dan es que van a apelar el castigo, algo que ya hizo en su momento el Tenerife tras una sanción de 200 euros por el mismo motivo. El recurso llegó al TAD y no dio la razón al equipo insular. Por qué no ponen médico parece claro: les supone un costo que no pueden o no quieren pagar. Y estamos hablando de la salud de las jugadoras, lo que supone una muestra más de la evidente mala salud financiera de La Liga F. Al cierre de ejercicio, el 30 de junio de 2025, el fondo de maniobra es negativo en 4.390 miles de euros. Tan crítica y tan poco clara es la situación económica de La Liga F que las cuentas de la temporada 2024-2025 que deben ser firmadas por los miembros de la comisión delegada, no llevan la rúbrica de Begoña Sanz, representante del Real Madrid. El resto de los miembros (Beatriz Álvarez, presidenta de La liga F, y los representantes de Atlético de Madrid, Valencia, Athletic de Bilbao y Levante Badalona C.F.) sí las firmaron. Y el sindicato mayoritario Futpro, ¿qué opina del tema? Desaparecido en combate. Si una competición que se autodenomina profesional discute el coste de llevar un médico al banquillo, el problema no es jurídico, es sencillamente moral. No se puede hablar de crecimiento, de relato de éxito ni de eslóganes triunfalistas mientras se regatea en algo tan básico como la salud de las jugadoras. La responsabilidad es de quienes dirigen la Liga F. Porque cuando la prioridad no es la seguridad, sino el ahorro, no estamos ante un error administrativo, sino ante una grave falta de gestión y de compromiso.