El cerco judicial sobre el alcalde se estrecha de forma definitiva. Tras haber sorteado diversos procesos judiciales de calado, la investigación por el vaciado de cuentas del patrimonio familiar y el impago sistemático de deudas amenaza con ser el golpe de gracia para su carrera. La gravedad de los hechos que fundamentan la demanda dibuja un posible horizonte penal demoledor con delitos que podrían acarrear penas de hasta diez años de cárcel. El balance de tres décadas de "era Durán" es un rastro de promesas incumplidas y cuentas saqueadas. Mientras los ciudadanos de Vilanova siguen atrapados en la espera de proyectos "fantasma" que el alcalde les oferta desde hace más de veinte años —promesas eternas como el Talasso, el centro comercial o una modernización que jamás se materializa—, el municipio languidece con un saneamiento que colapsa y el bloqueo sistemático a las energías renovables. Pero mientras en Vilanova vende humo, en Santiago los vecinos sufren las consecuencias de una administración desleal que priorizaba el enriquecimiento personal propio. El dinero que debería haber ido destinado a las cuentas de las comunidades de vecinos y al mantenimiento de los edificios —evitando el abandono de los ascensores o la aparición de goteras— Gonzalo Durán se lo desviaba, en muchas ocasiones bajo el concepto de "nóminas", a sus cuentas personales. El impago de los gastos de mantenimiento no es un simple error de gestión; es un problema que afecta directamente al día a día de las familias. Al no ingresarse las cuotas de las viviendas controladas por el alcalde, las comunidades se han quedado sin fondos para cubrir servicios que son fundamentales para que un edificio sea habitable. No se trata de una cuestión estética, sino de la degradación real de los inmuebles por una administración que, según la demanda, priorizaba el desvío de dinero a cuentas personales antes que el cuidado de las zonas comunes. Vecinos "secuestrados" y un hermano "acorralado": las víctimas civiles de la gestión del clan Durán En esta trama de intereses y supuestos cobros irregulares, las víctimas tienen nombres y apellidos. Por un lado, se encuentran los propietarios de las comunidades de vecinos de Santiago. Personas que pagan sus cuotas religiosamente pero que ven cómo sus edificios se degradan, las goteras se multiplican y el ascensor corre el riesgo de ser precintado porque el administrador de la mitad de los pisos de un bloque —el alcalde de Vilanova— ha decidido no pagar. Estos vecinos son rehenes de una gestión que les asfixia económicamente para sanear, presuntamente, las cuentas personales de un cargo público. Por otro lado, la figura de José Juan Durán emerge como una de las víctimas más directas de este "abrazo del oso" fraternal. Mientras Gonzalo Durán movía el timón del patrimonio familiar, su hermano J.J. Durán se encontraba —según la demanda— en la peor de las posiciones: copropietario al 50% de bienes y comunidades, responsable legal ante terceros, pero excluido de facto de la gestión. Cuando explotan las deudas, es él también quien puede verse señalado...