Desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias sobre la gestión de las prisiones, transferencia impulsada por el Gobierno de la nación en el marco de sus 'equilibrios parlamentarios', se han venido concediendo regímenes de semilibertad a un elevado porcentaje de presos de ETA. Además, y muy a nuestro pesar, en los últimos días, y al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el cumplimiento del régimen penitenciario, antiguos miembros de la banda, con un historial criminal amplio y sanguinario, están accediendo a un régimen de semilibertad que les permite salir del centro penitenciario de lunes a viernes durante el día, regresando para pernoctar. Entre los beneficiados se encuentra Henri Parot, asesino de nuestro padre, José Francisco Mateu Cánoves, magistrado del Tribunal Supremo, asesinado el 16 de noviembre de 1978 a los 58 años. Dejaba esposa y siete hijos, el menor de tan solo doce años. Estas medidas se adoptan sin que concurran, al menos públicamente, requisitos que deberían ser inexcusables: arrepentimiento expreso, desvinculación efectiva de la organización terrorista y colaboración real con la justicia. Nos preguntamos qué está ocurriendo para que la empatía institucional parezca reservarse a quienes sembraron el terror, mientras las víctimas, padres, hijos y nietos asistimos con rabia y dolor a la contemplación de estas decisiones. Resulta difícil aceptar que el sufrimiento de quienes perdimos a nuestros seres queridos pese menos que las conveniencias políticas del momento. Nuestra familia, los Mateu Istúriz, continúa luchando, más de cuarenta años después, por obtener una sentencia justa contra los responsables del asesinato de nuestro hermano Ignacio Mateu Istúriz, teniente de los GAR (Guardia Civil), asesinado mediante una bomba trampa en Arechavaleta el 26 de julio de 1986, cuando tenía 27 años. Tras agotar todas las instancias judiciales y el preceptivo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sin que se haya satisfecho nuestra pretensión de justicia, el ingreso en prisión de los asesinos, hemos acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Seguimos confiando en que, pese al tiempo transcurrido, se dicte finalmente la resolución que nos muestre que existe una justicia terrenal. De la divina no tenemos ninguna duda. Beatriz Botella Mateu. Madrid Tras pedirle la oposición que dimitiera por el comportamiento del DAO, Marlaska respondió lo siguiente: «Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré». Contestación inconcebible en quien en su día ejerció como juez. Marlaska no solo ha fallado a la víctima, sino a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad bajo su mando, así como al conjunto de los españoles, que lo han reprobado en el Congreso por hechos, entre otros, como la destitución de Pérez de los Cobos, anulada por el Supremo; la tragedia en la valla de Melilla, con siete muertos y un centenar de heridos; la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos, declarada ilegal por la Justicia; la tragedia de Barbate, con la muerte de dos guardias civiles; la fuga de Puigdemont; el desmantelamiento del Organismo de Coordinación del Narcotráfico, o la incorporación de Bildu y ERC a la Comisión de Secretos Oficiales. Sí, ministro Marlaska, ha fallado. Joaquín Mañeru. Zaragoza