El órgano fiscalizador expone que Ainkaren omitió que también recibía una subvención del Gobierno de Aragón. Zaragoza en Común ha denunciado las "alarmantes irregularidades" en los convenios del Consistorio con la Casa Cuna y Red Madre Bebés españoles frente a “quinquis y pandilleros”: la xenofobia antiabortista que financiará el Consistorio de Zaragoza La Intervención General del Ayuntamiento de Zaragoza ha detectado “incumplimientos formales”, “deficiencias” en la justificación económica y falta de indicadores de resultados en las subvenciones concedidas en 2024 a las entidades antiabortistas Ainkaren (Casa Cuna) y Red Madre. Los informes de control financiero permanente advierten de la omisión en la documentación presentada por Ainkaren de una ayuda autonómica de 60.000 euros con el mismo objetivo que la municipal, lo que incumple el convenio del Consistorio. También obligan a Red Madre a devolver parte de la subvención tras rechazar varios gastos. Al hilo de estos informes, Zaragoza en Común ha denunciado “alarmantes irregularidades”, “proyectos financiados dos veces” y “ayudas públicas sin declarar”. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que los convenios son “totalmente legales y de interés público”. Las conclusiones forman parte del Plan Anual de Control Financiero 2025 y analizan la legalidad, eficacia y correcta aplicación de los fondos públicos destinados a estos convenios, integrados en la Línea Estratégica de Acción Social del Plan de Subvenciones 2024-2027. En el caso de la Asociación Ainkaren, que gestiona el recurso residencial Casa Cuna Madre Teresa, Intervención detecta que la entidad no declaró en el expediente municipal la existencia de un convenio firmado el 3 de julio de 2024 con el Gobierno de Aragón por importe de 60.000 euros. La documentación presentada ante el Ayuntamiento está fechada cinco días después, el 8 de julio, cuando la ayuda autonómica ya estaba formalizada. El informe concluye que esta omisión supone un “incumplimiento formal” de la cláusula octava del convenio municipal y de la normativa general de subvenciones, al no haberse comunicado la concurrencia de otras ayudas públicas. Además, el órgano de control señala que el convenio municipal y el autonómico financian “en la práctica el mismo dispositivo asistencial”, es decir, la Casa Cuna gestionada por la entidad. Ambos son definidos como “financiaciones estructurales complementarias de una misma actividad continuada” con idéntico destino funcional. No obstante, Intervención descarta que exista sobrefinanciación. Los gastos totales de la asociación en 2024 ascendieron a 176.052,11 euros, por encima de los 91.050 euros recibidos en subvenciones públicas, lo que arroja un ligero déficit. El informe precisa que no ha tenido acceso a la justificación presentada ante la Administración autonómica, por lo que no puede verificar si hay facturas imputadas simultáneamente a ambas ayudas. Zaragoza en Común considera la situación “especialmente grave” y sostiene que la falta de declaración impide comprobar adecuadamente la financiación global del recurso. La formación subraya que la entidad pasó de percibir alrededor de 10.000 euros a contar en 2024 con dos convenios nominativos que suman 91.000 euros y denuncia que en 2025 la cuantía pública se ha elevado hasta 103.500 euros. Además, ZeC cuestiona la diferencia entre el coste efectivo declarado —25,4 euros por madre y día— y los módulos de referencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que sitúan recursos similares en 203,42 euros por unidad familiar y día. A su juicio, esa brecha evidencia “baja calidad de la intervención”, “precarización” y una posible selección de perfiles menos complejos. RedMadre: gastos rechazados En cuanto a RedMadre Zaragoza, la Intervención detectó “incidencias relevantes” en la fase de justificación económica. La entidad presentó inicialmente documentación incompleta y tuvo que atender distintos requerimientos antes de que se validara el gasto final. Entre las partidas cuestionadas figuraban indemnizaciones por despido, servicios de cátering y determinados gastos de mudanza que no se consideraron directamente vinculados al proyecto subvencionado. Tras el análisis técnico, solo se validaron 22.108,74 euros, lo que supuso la anulación del pago pendiente del 20% de la subvención y el reintegro de 1.891,26 euros correspondientes al exceso percibido en el anticipo. El informe también cuestiona la actuación del servicio gestor del área de Políticas Sociales, que propuso en dos ocasiones la aprobación de la justificación pese a las advertencias técnicas. Zaragoza en Común afirma que desde la consejería existía “un mayor interés en resolver esta subvención de acuerdo a los intereses de esta entidad que en garantizar el cumplimiento de la legalidad”. La formación añade que, pese a estas incidencias, en diciembre de 2025 se firmó un nuevo convenio que cubre el 100% del proyecto, frente al 80% habitual en ejercicios anteriores, lo que considera un trato diferenciado respecto a otras entidades sociales. Más allá de los aspectos económicos concretos, Intervención identifica deficiencias comunes en ambos expedientes. Las memorias presentadas son fundamentalmente “narrativas” y carecen de “indicadores cuantitativos que permitan medir de forma objetiva la demanda atendida, la cobertura o los resultados alcanzados”. Para Zaragoza en Común, esta ausencia de métricas refuerza su denuncia de falta de transparencia. La formación enmarca estos convenios en lo que califica como una asunción de la “agenda ideológica de Vox” y habla de “fórmulas claramente clientelistas en la gestión de los fondos públicos Por su parte, el equipo de gobierno municipal defiende que los convenios son “totalmente legales y de interés público”, que cuentan con el aval técnico de Intervención en términos generales y que estos recursos cubren necesidades sociales.