En estos días, entre el aluvión de malísimas noticias relacionadas con la violencia machista, hay una que ha hecho correr no solo ríos de tinta, sino que ha sacudido las instituciones del Estado con dimisiones o ceses en los más altos estratos de la cúpula policial, y con peticiones que apuntan más arriba. Se trata, huelga decirlo, de la denuncia interpuesta por una policía contra el llamado DAO -Director adjunto operativo- por presuntos delitos sexuales y de acoso hacia su persona. Una denuncia que seguirá sus cauces judiciales, como no podría ser de otra manera, mientras que, fuera de estrados, tiene un recorrido paralelo. Y de ese recorrido era precisamente del que venía a hablar hoy. En cuanto saltaba a la palestra la noticia, el abogado de la víctima comenzó una peregrinación por diversos platós de cadenas, públicas y privadas, contando aquello que, hasta el momento, se había silenciado. Por descontado, no estoy aludiendo a ninguna presunta revelación de secretos -Dios me libre de ello, tal como está el patio- por parte del abogado, sino de la conveniencia o no de ese exhibicionismo letrado, o, en su caso, de la justa medida en que debería darse. Llama la atención que, mientras seguimos defendiendo a ultranza la reserva -que no secreto de sumario, que es otra cosa- de las actuaciones judiciales en la fase de instrucción, se pueda desarrollar ante las cámaras no ya un juicio paralelo, expresamente proscrito por el Consejo General del Poder Judicial, sino una instrucción paralela. Porque lo que ha hecho el abogado no es una de esas mal llamadas ruedas de prensa en las que no hay preguntas cada vez más frecuentes, sino una intervención a tumba abierta en todos los medios, con tertulia a continuación, donde los tertulianos y tertulianas, con un máster en todología, opinan con mayor o menor acierto del tema. E insisto en que me llama la atención en un sistema donde, todavía, es necesaria la denuncia de la víctima -o, en casos excepcionales, del Ministerio Fiscal- para que el delito pueda ser juzgado. A pesar de que, en mi opinión, un bien jurídico como la libertad sexual debería gozar de la máxima protección y ser objeto de persecución pública, hay quien sigue defendiendo que el fundamento de este sistema es no obligar a la víctima a someterse a un proceso donde se ventilan cuestiones relacionadas directamente con su intimidad. Y, si partimos de este planteamiento ¿no estaríamos ventilando cuestiones que no deberían serlo? La respuesta no es fácil. Porque, en principio, si la víctima quiere seguir adelante con toda la artillería, podría pensarse que está dispuesta a asumir el riesgo de que se hable de ella más allá de lo que quisiera. Y ahí es precisamente adonde quería llegar, a que esto haya de ser un riesgo. Un riesgo que, lamentablemente, ya ha asomado al filtrarse sus datos, según se ha sabido. No obstante, iré un poco más allá y me adentraré en una cuestión más jurídica. No creo que, de...