La revolución de los drones ha dejado de ser ciencia ficción. Lo que hasta hace poco parecía reservado a películas de acción o ensayos en zonas rurales se está convirtiendo en una hoja de ruta concreta para Madrid: aeronaves autónomas surcando la ciudad, cargadas de datos, inteligencia artificial y usos que van mucho más allá de la fotografía aérea. Un cambio de paradigma que, según los expertos, ya no se puede frenar. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan estratégico para integrar drones inteligentes en sus servicios públicos. Más allá del uso recreativo o agrícola que muchos ciudadanos ya conocen, la región apuesta por casos de uso de alto impacto: transporte urgente de sangre y medicamentos, inspección de infraestructuras ferroviarias o vigilancia con análisis de comportamiento en tiempo real. Alberto Pérez, experto en tecnología y desarrollador de negocio tecnológico, fue el invitado de Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE para desgranar un sector que, según él mismo advierte, "una vez que entras dentro ya no puedes salir". Actualmente en España los drones se emplean principalmente en entornos rurales: monitoreo de incendios forestales, inspección de cultivos, control de infraestructuras o grabaciones audiovisuales. Sin embargo, su presencia en el espacio urbano sigue siendo limitada y muy regulada. El salto cualitativo que propone Madrid implica integrarlos en el tejido de la ciudad de forma sistemática. La clave, según Pérez, no está en el aparato en sí, sino en lo que puede hacer con los datos que captura. Uno de los usos más llamativos que describió el experto en el programa es la combinación de drones con redes neuronales convolucionales para el análisis de comportamiento humano en grandes eventos. La Policía ya emplea estas aeronaves para captar imágenes de multitudes y procesarlas con IA en tiempo real. El sistema es capaz de identificar si una persona está adoptando una actitud violenta y, automáticamente, activar una alerta que llega a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Una tecnología que, según Pérez, "ha llegado para quedarse" desde que comenzó a desarrollarse legislativamente en 2014. Otro ejemplo concreto mencionado fue el accidente ferroviario de Adamuz: con un dron equipado con IA de análisis visual, la inspección de vías que quedó paralizada por la falta de maquinaria podría haberse realizado de forma autónoma, detectando defectos estructurales en tiempo real mediante lo que se conoce como auscultación de infraestructuras. El horizonte más ambicioso del sector es el de los aerotaxis, vehículos aéreos no tripulados con capacidad para transportar personas. En España ya se realizó una prueba piloto en Benidorm con una marca de origen asiático, y Madrid trabaja ya en las líneas estratégicas para hacerlo posible. El principal obstáculo no es tecnológico, sino regulatorio. La Unión Europea trabaja en el sistema U-Space, que permitirá integrar el tráfico de drones con la aviación tradicional en un espacio aéreo compartido. Los expertos del sector reclaman que este marco llegue cuanto antes. Durante el programa, el redactor Carlos Márquez repasó la oferta del mercado: desde modelos de uso personal por menos de 20 euros hasta equipos profesionales por encima de los 23.000 euros. Una horquilla que refleja la enorme diversidad del sector. Los drones de mayor envergadura —algunos capaces de transportar hasta 1.800 kilos de carga— se asemejan más a aeronaves convencionales y pueden despegar y aterrizar en vertical. Su equipamiento incluye cámaras termográficas, sensores de gases o sistemas de alta definición que encarecen el precio pero amplían exponencialmente sus capacidades. La regulación española, alineada con la normativa europea, clasifica el uso de drones en tres categorías según el nivel de riesgo operacional: La categoría abierta (bajo riesgo) incluye aparatos de hasta 25 kilos, con formación accesible a través de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). La categoría específica exige requisitos adicionales para usos como el transporte de mercancías. La categoría certificada —aerotaxis o grandes drones industriales— requiere una formación muy especializada, equiparable a la de la aviación tripulada. En cuanto a la privacidad, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE ya se aplica a las grabaciones realizadas con drones, del mismo modo que a cualquier otro dispositivo que capture imágenes de personas en espacios públicos sin su consentimiento. Pérez no eludió los riesgos. Reconoció abiertamente que un dron podría ser utilizado para transportar una carga explosiva, y que las fuerzas de seguridad trabajan activamente en escenarios de amenaza. España ya cuenta con sistemas antidron —inhibidores de frecuencia y geoposicionamiento— que se desplegaron, por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos de París 2024. "Los malos siempre existen y siempre irán por delante, eso no podemos obviarlo", admitió el experto, aunque añadió que la tecnología para gestionar la convivencia segura entre drones y aviación comercial ya existe y puede implementarse. El sector de los drones en España factura ya cientos de millones de euros y genera miles de empleos, con proyecciones de crecimiento acelerado en los próximos años. La Comunidad de Madrid se posiciona como región pionera en la integración urbana de estas tecnologías, en línea con iniciativas similares en países como Francia, Alemania o Corea del Sur. La gran incógnita sigue siendo el ritmo al que la regulación europea —con el U-Space como pieza central— permitirá escalar estos usos. Mientras tanto, expertos como Alberto Pérez insisten en que la tecnología ya está lista. La pelota está en el tejado de las administraciones.