España se ha situado estos días en el centro del debate global sobre política digital. El anuncio del presidente Pedro Sánchez de restringir el acceso de los menores de dieciséis años a las redes sociales es una decisión coherente con las evidencias científicas, con las demandas de las familias, expertos y profesionales sanitarios y con una pregunta de fondo que ya no podemos seguir evitando: ¿quién gobierna hoy el espacio digital y en nombre de qué intereses?