Resulta difícil no sentir indignación tras escuchar al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, calificar como «derecho fundamental» la expulsión de vecinos de sus casas para convertirlas en pisos turísticos. Más aún, hablamos de cerca de 75 personas, algunas con más de medio siglo de vida en esos edificios, tratadas como simples obstáculos para la rentabilidad de un gran propietario, el Duque de Alba. Situaciones como estas son auténticas costuras de la realidad que nos afrenta. Que la ley permite determinados usos no convierte automáticamente esos usos en justos, ni mucho menos en deseables. Equiparar la libertad de un duque para especular con viviendas al derecho fundamental de la ciudadanía a vivir en su barrio es una perversión del lenguaje jurídico y político. Los derechos fundamentales nacen para proteger a los más vulnerables frente al poder, no para blindar los privilegios de una minoría acomodada.