La transferencia de Costas a Baleares –que entró en vigor en julio de 2023, tras el acuerdo suscrito por la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez– volvió a protagonizar ayer el debate político en el pleno del Parlament. El conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, reclamó al Gobierno que cumpla con el mantenimiento del litoral balear al reclamar el PSIB-PSOE medidas al Govern al considerar que «no vale reparar las playas después de cada temporal» sino que es necesaria una estrategia de adaptación. Lafuente recordó que, con el traspaso de 2023, se transfirieron a Baleares las competencias en autorizaciones y concesiones pero no en obras de mantenimiento del litoral. El Estado, a través de la Demarcación de Costas, ingresa más de 12 millones de euros anuales en las Islas por la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre por los chiringuitos, embarcaderos y campos de boyas mediante el canon por la ocupación y la explotación de este espacio, mientras que los ayuntamientos de Baleares se quedan entre el 10 y el 15 por cien.