El oscurantismo sobre cuántas enfermeras trabajan en las residencias de mayores, así como de sus condiciones laborales, funciones, puestos o competencias, pone en alerta a las profesionales. El Consejo General de Enfermería denuncia la falta de datos en este sentido, así como la ausencia de una definición clara en la normativa actual que permita asegurar la presencia de estas sanitarias en los centros. Pero la poca información que hay al respecto, critican, indica ratios muy dispares y bajas que «ponen en riesgo la calidad de vida y de cuidados de las personas con mayor dependencia», censura Diego Ayuso, secretario general del CGE. Las condiciones laborales, especialmente las económicas y de carrera profesional, frenan la presencia de las sanitarias en estos centros, lo que favorece el intrusismo. La ausencia de una normativa firme es parte del problema. A nivel nacional, explica Guadalupe Fontán, coordinadora del Instituto Español de Investigación Enfermera, existen dos acuerdos sobre residencias del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, en los que no se menciona la palabra enfermera. Esto abre la puerta a que otras categorías profesionales asuman esas funciones. «Se habla de profesional sanitario y lo deja abierto sin que lo llegue a aterrizar. No aparece ninguna obligatoriedad que garantice que haya enfermeras atendiendo a las personas en estos centros», denuncia. Por tanto, esa ambigüedad también provoca que no quede establecido un mínimo de enfermeras en los centros. En el 'Informe sobre la necesidad de proteger la presencia de las enfermeras en centros residenciales para mayores en situación de dependencia en España', elaborado por el CGE y el Instituto Español de Investigación Enfermera, se pone de manifiesto que también en las distintas normas autonómicas ha ido desapareciendo ese concepto, «dejando en el limbo», añade Fontán, qué categoría profesional debe atender los cuidados de los residentes o las ratios de personal que debe haber, entre otras cuestiones. Y esto, denuncian las enfermeras, fomenta el intrusismo profesional, poniendo «en peligro» a los pacientes. «El perfil de los residentes es el de personas con pluripatologías y con una media de edad de 85 años. Hay muchos fines de semana o turnos de noche en los que no hay ninguna enfermera y están con cuidadores que pueden ser gerocultores, que es una formación de cuatro meses que no garantiza que puedan manejar todas las incidencias», lamenta Fontán. En este sentido, la coordinadora de investigación enfermera confirma que algunos colegios profesionales ya han interpuesto denuncias por este tipo de intrusismo. «Puede haber errores que pongan en riesgo la seguridad de las personas, sobre todo con el manejo de medicación, cuando la persona que lo hace al no haber una enfermera no tiene competencias para ello», expone. Se refiere a la hora de administrar a los residentes fármacos psicotrópicos, por ejemplo, o insulina. También para hacer curas, vacunar o detectar la disfagia, entre otras funciones. Una situación que Ana Antón, enfermera y una de las autoras del informe, se encontró con frecuencia durante los 21 años que estuvo trabajando en residencias privadas. Lo habitual, cuenta, era tener entre 60 y 120 residentes a su cargo, por lo que no era extraño que gerocultores asumieran competencias que solo deberían realizar las enfermeras, como dar medicación. «En las residencias privadas no se exige que sean técnicos en cuidados de enfermería (TCAES), no se exige una FP, sino que se les acredita por unos cursos con horas determinadas», denuncia. Esta enfermera cree que las condiciones laborales son el principal escollo para encontrar a profesionales que quieran trabajar en estos centros. «La carga de trabajo es alta y el salario es bajo y sobre todo en residencias privadas, que el volumen de trabajo suele ser muy grande y el sueldo pequeño, entonces motiva poco», dice Antón. Las enfermeras creen fundamental la modificación de la normativa para blindar su presencia en los centros sociosanitarios. Pero hay que abordar otros factores, consideran, para que las residencias resulten atractivas a las profesionales. «El salario es menor que si tratan al paciente en el hospital, y a nivel de carrera profesional no se tiene el mismo reconocimiento, no puntúa igual», explica Fontán. Corrobora estos impedimentos un enfermero de una residencia pública de Madrid que prefiere no dar su nombre. Lleva 25 años trabajando en este tipo de centros, aunque durante un parón trabajó en un centro de salud, por lo que pudo experimentar en primera persona esa diferencia en las condiciones. «Siempre hemos sido los hermanos pobres en cuanto a reconocimiento. Para bolsas de trabajo u oposiciones el tiempo de trabajo en hospital siempre cuenta hasta tres veces más que el tiempo trabajado en una residencia», se queja. A nivel sueldo, añade, la base es similar, pero los complementos por antigüedad que se van acumulando en la atención sanitaria no los tienen en este sector.