Los esfuerzos del Gobierno por atraer a Junts al decreto del escudo social con la moratoria antidesahucios no han dado frutos hasta el momento. La reformulación del texto tumbado por el Congreso para excluir ahora a los pequeños propietarios se ha mostrado insuficiente. Pese a separar las medidas del escudo social en un único decreto y tratar de adaptarse a las demandas de los posconvergentes, incluida la aprobación de una partida de 300 millones para cubrir el alquiler que puedan dejar de percibir los caseros por impago. De ahí que se haya pasado de los guiños a activar la maquinaria de la presión política para situar a Junts junto al PP, en palabras del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, “arrodillados y genuflexos ante los poderosos y ensañándose con los débiles”.