El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha admitido a trámite el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra el Decreto 180/2025 de la Junta de Extremadura. La organización denuncia que la norma busca excluir la isla de Valdecañas de la Red Natura 2000 para legalizar el complejo turístico de lujo sobre el que pesa una orden de demolición. La batalla judicial contra el proyecto ‘Marina de Valdecañas’ se extiende ya por 19 años. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló el Proyecto de Interés Regional (PIR) hace 15 años y que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han ratificado la orden de demolición total, el complejo sigue plenamente operativo. El Supremo ha sido claro al sentenciar que “el hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento… deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones”. Pese a ello, la demolición, calificada como “inevitable e insoslayable”, sigue sin ejecutarse. Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura, ha denunciado la inacción de las administraciones. “Nos encontramos ante un escenario inaudito: 19 años después, la legalidad sigue sin restaurarse. Ni la Junta de Extremadura, ni los ayuntamientos implicados, ni por supuesto la promotora, han movido un dedo, no ya para demoler, sino siquiera para iniciar la restauración ambiental del entorno” afirma. La organización ecologista sostiene que el decreto ha sido diseñado “a medida” para eliminar el principal obstáculo ambiental que impide regularizar las construcciones. Califican la maniobra como un “fraude de ley en toda regla”, según ha expresado el abogado de la organización, Jaime Doreste. Doreste, profesor de Derecho Ambiental en la UAM, argumenta que la excusa técnica no se sostiene. “No se trata de ajustar los límites a una cota de embalse, porque la isla de Valdecañas es un terreno emergido permanentemente, no una superficie inundable. Este decreto busca desproteger el espacio para, a continuación, argumentar que ya no existen valores ambientales que impidan la legalización”, explica. Con esta nueva acción legal, Ecologistas en Acción vuelve a exigir a la Junta de Extremadura el cese inmediato de cualquier acción para eludir las sentencias y el inicio de los trabajos de demolición y restauración ambiental de la isla.