El Congreso de los Diputados alberga este jueves un nuevo punto de inflexión para el Gobierno. Los tiempos han querido que se junten en una misma sesión cuatro votaciones clave a Reales Decretos, algunos que el Ejecutivo ya arrastra desde hace tiempo. La revalorización de las pensiones y el escudo social vuelven a la Cámara Baja un mes después de decaer, con el no de PP, Vox y Junts. Con el mismo dolor de cabeza de siempre con los de Puigdemont, el Gobierno lleva también al Pleno las ayudas a las víctimas de Adamuz y Gelida y el tope a los precios en situaciones de emergencia. La Constitución dicta que los decretos leyes entran en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el BOE, pero deben ser sometidos al aval del Congreso en un plazo máximo de treinta días. Es por ello por lo que llegan a la Cámara Baja estos cuatro decretos, que se aprobaron entre el 27 de enero y el 10 de febrero. En el caso del tope a los precios porque el Gobierno espera anotarse un tanto, y en los otros tres por el calendario: de no aprobarse este jueves quedarían derogadas antes del siguiente Pleno. El Ejecutivo espera tener un jueves agridulce. El Congreso, previsiblemente, aprobará la subida de las pensiones, después de que se haya separado del 'decreto ómnibus' con las ayudas sociales -que fue el que decayó en enero-, como pedían las derechas. La alegría durará poco, porque aunque tomarán esto como una victoria, Junts tumbará decreto del escudo social, según confirmaron este miércoles, porque sigue incluyendo la moratoria de los desahucios. Junts amenaza el escudo social La historia de siempre, la de la manta que no cubre a todos. Después de que el Congreso tumbara el 'ómnibus', el Consejo de Ministros lo separó en dos Reales Decretos ante la exigencia de PP y Junts, que firmó el 3 de febrero. Sin embargo, el escudo social va a volver a decaer porque los de Puigdemont siguen enrocados en el 'no'. Su portavoz, Miriam Nogueras, lo ha anunciado este miércoles, argumentando que el texto sigue incluyendo la prórroga de la moratoria de los desahucios a personas vulnerables, que rechazan porque, dicen, favorece las okupaciones. El decreto prorroga medidas como el bono social eléctrico o ayudas a las víctimas de la DANA, e incluye también la moratoria de desahucios a personas vulnerables y la prohibición de cortar suministros, que el Gobierno vuelve a llevar con la enmienda que le impuso el PNV. Los vascos condicionaron su apoyo a que el texto excluyera de la moratoria a los propietarios de una sola vivienda en alquiler, una medida que criticaron los socios y que no fue suficiente para seducir a PP, Vox y Junts. "Hace unas semanas dijimos pensiones 'sí', okupaciones 'no'. Y cumplimos", ha recordado Nogueras, que acusa al Gobierno de haber vuelto a mezclar medidas. "Si realmente quisiéramos impulsar el escudo social, solo hacía falta una cosa, separarlo de...