En el informe de actividades que firmaron Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes, supervisores de contratación de la Universidad Industrial de Santander (UIS), calificándolos como satisfactorios, Juliana Guerrero se comprometía a entregar archivos que demostraran que acompañamiento protestas sociales , socialización con las comunidades locales el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida y presentación de informes sobre conflictividad . Sin embargo en los entregables solo quedaron listas de asistencia a reuniones en donde a duras penas asistieron 5 contratistas, siendo una Juliana y otra su hermana, Verónica Guerrero. En contexto: Contraloría alertó sobre irregularidades en contratos de Juliana Guerrero con la UIS de Santander Así lo evidencia una denuncia de la congresista y aspirante al Senado, Jennifer Pedraza y una alerta que emitió la Contraloría por la falta de soportes verificables o productos concretos que acreditaran que las actividades se llevaron a cabo efectivamente conforme a lo acordado. EL COLOMBIANO accedió en primicia a la totalidad del expediente y a los detalles de la denuncia y encontró presuntas irregularidades que coinciden con lo dicho por Pedraza y la Contraloría. Según el organismo de control fiscal, “esta situación l imita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”. La Contraloría añadió que en caso de que no entreguen los documentos que prometieron en los informes de actividades, podría tratarse de un caso de presunto daño fiscal. La congresista Pedraza presentó varios derechos de petición a la UIS en los que pidió conocer los entregables de los contratos. Tras varios intentos, la entidad por fin respondió. Este diario conoció los detalles de los dos contratos que despertaron sospechas por parte del organismo de control. Uno de los contratos fue por un total de $9.000.000 de pesos, suscrito el 1 de noviembre de 2023 y es de más alto valor. El objeto del contrato consistía en la prestación de servicios de apoyo, gestión y asistencia como gestora territorial, actuando como enlace en actividades de sensibilización, articulación y fortalecimiento institucional en materia de convivencia y seguridad ciudadana, en el marco del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida y el Plan Nacional de Desarrollo. El pago se hizo en tres desembolsos parciales contra entrega de informes de actividades avalados por la supervisión. Su plazo de ejecución se extendió hasta el 31 de diciembre de 2023. Entre las principales obligaciones de la contratista se encontraban la elaboración de informes de seguimiento y monitoreo sobre conflictividades sociales y protesta social; el acompañamiento a entidades territoriales en la gestión y prevención de conflictos; la participación en procesos de articulación interinstitucional y fortalecimiento de capacidades; la socialización del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida; y el cumplimiento de deberes relacionados con seguridad social, confidencialidad y protección de datos personales. Aquellas obligaciones aparecieron (en los tres informes de actividades) también como entregables. Todos los puntos fueron marcados como “cumplidos”. Sin embargo, en algunos de los entregables solo aparecen listas de asistencia, no los informes mencionados ni tampoco fotografías que demuestren el acompañamiento a la protesta social o los talleres de socialización con las comunidades. Una de las listas de asistencia llama la atención, según la denuncia. Si bien la mayoría de las listas tienen pocos acudientes, en una de ellas hay cinco: un asesor, un comunicador, un vocero y tres contratistas. De esas tres contratistas una es Juliana Guerrero (quien representó al Ministerio del Interior) y otra es Verónica Guerrero, su hermana. La reunión tuvo lugar el 12 de noviembre de 2023 en las oficinas de la SAE y el asunto fue “mesa de trabajo”. No hay más información sobre qué temas trataron y qué papel cumple aquella reunión con lo estipulado en el informe de actividades que, según la UIS y Guerrero, se cumplió a cabalidad. Otra de las “evidencias” que parece incompleta es el informe de gestión del 15 de noviembre. El asunto dice: “El equipo territorial de la estrategia del ministerio del interior sncpv (sic) realiza monitoreo en la upi la rioja donde no se evidencia ningún tipo de alteraciones”. Sin embargo, la “prueba” de aquella actividad es apenas un documento de Excel. Pedraza reaccionó a este hecho: “¿Saben qué es lo más descarado de esto? Que en uno de los contratos de la @UIS —sí, el más alto, de $9 millones— la misma Juliana Guerrero puso a su hermana a firmar una planilla de asistencia y pasó eso como evidencia de trabajo. Descarada. Y aun así, la mantiene en el CSU de la Universidad Popular del Cesar” . En los entregables del informe de actividades tampoco están adjuntos los informes sobre conflictividad y protesta social que, se supone, se realizaron “mediante un mapeo y caracterización de las conflictividades sociales a nivel territorial”. El otro contrato bajo la mira de la Contraloría fue suscrito en enero de 2024. El objeto del mismo era la prestación de servicios de apoyo, gestión y asistencia como gestora territorial, actuando como enlace en actividades de sensibilización y articulación de escenarios de convivencia y seguridad ciudadana, orientadas al fortalecimiento de capacidades territoriales en materia de seguridad humana. Entérese: Así fue como Juliana Guerrero habría comprado sus títulos de la U. San José El contrato tenía un valor total de $3.000.000 de pesos, pagados en un único desembolso contra entrega de un informe de actividades avalado por la supervisión. Las obligaciones eran las mismas del contrato que firmaron entre la UIS y Guerrero en 2023. En el marco de la ejecución del contrato, los documentos anexos aseguran que se elaboraron “informes de seguimiento y monitoreo que registran fenómenos de conflictividades sociales, convivencia y seguridad humana, incluyendo la caracterización de sus dinámicas para contribuir a la construcción o implementación de planes de acción territorial”. Asimismo, tanto la UIS como Guerrero, firmaron un documento que asegura que la contratista “acompañó el monitoreo de la protesta social, brindando soporte a entidades y unidades territoriales frente a diversos conflictos sociales, con el fin de prevenir situaciones que pudieran afectar la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público”. En la sección titulada evidencia, las partes aseguraron: “Las evidencias de estas actividades reposan en la respectiva carpeta de evidencias”. Sin embargo, en la carpeta de evidencias enviada luego del derecho de petición, conocida por este medio, no aparece el informe sobre fenómenos de conflictividades sociales. Además, en cuanto al acompañamiento a las comunidades para brindarles soporte e información sobre conflictos sociales aparecen fotos de los miembros de las Juntas de Acción comunal (JAC), pero no aparece Juliana Guerrero. La funcionara, sin embargo, sí aparece en las fotos relacionadas con reuniones en el Ministerio del Interior. A pesar de la falta de soportes, el informe de actividades fue firmado tanto por Guerrero como por el interventor Luis Eugenio Prada; y el pago fue hecho en una sola cuota. Ante este panorama, y pese a los argumentos de defensa presentados por la UIS, el equipo auditor de la Contraloría mantuvo su conclusión al advertir ausencia de documentos obligatorios. El organismo indicó que, aunque los supervisores —Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes— certificaron el cumplimiento de las actividades, en los expedientes no reposan los productos o entregables específicos exigidos por el contrato. De hecho, el ente de control estableció que la UIS, en búsqueda de favorecer a Guerrero, utilizó una ambigüedad en la terminología contractual, catalogándola como “persona natural y/o profesional”. El problema advertido por la Contraloría no es el único que tiene Juliana. Este viernes, la Fiscalía General imputará cargos a Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en trámites y documentos presentados en la Universidad San José . La imputación también cobija a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José. El proceso está relacionado con los títulos académicos que presentó Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad. Según explicó la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, los documentos en cuestión corresponden a los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable que acreditó Guerrero. Estos títulos fueron publicados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025, pero habrían sido expedidos el primero de julio sin cumplir con los requisitos legales. “La investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso”, afirmó Jaramillo Rivera, señalando que la situación generó un serio cuestionamiento sobre la legalidad de su posesión en el cargo público. Amplíe información: Fiscalía imputará cargos a Juliana Guerrero y pedirá detención domiciliaria