Hace unos días se hizo viral en las redes un vídeo en el que una gitana joven le espetaba a la periodista que la entrevistaba que salía adelante como podía, que cobraba un Ingreso Mínimo Vital de mierda, de 1.400 euros (para una familia de dos adultos y dos menores). A la redactora se le cambió la cara al oírlo, seguramente porque ella, que curra ocho horas al día, cobra menos. La anécdota ilustra lo que dice la estadística, que la última subida del IMV lo ha convertido en un «sueldo» más atractivo que el que percibe la media de trabajadores de este país, que anda por los 1.200. Y a menudo el Gobierno «presume» de que esta prestación llega cada vez a más familias –2,3 millones de personas–, lo que no indica otra cosa que la pobreza se extiende como la gangrena y no es algo de lo que alegrarse. Más allá de que las familias vulnerables, sin ingresos y en apuros obtengan una ayuda lógica desde las instituciones, lo lamentable es que los salarios de las personas que trabajan e intentan labrarse un futuro se hayan quedado anclados en tiempos pasados, mientras la inflación hace que un sueldo normal se esfume como por arte de magia apenas pasados los primeros días del mes. Institucionalizar la miseria no es una opción en un país que aspira a considerarse desarrollado y moderno. Las personas que carecen de ingresos lo que necesitan son oportunidades, empleo, con una retribución digna y unos servicios públicos que garanticen salud, educación, transporte y seguridad. Y solo en casos extremos conceder ayudas dinerarias de forma temporal. Lo otro es cronificar la dependencia, la pobreza y la desigualdad. Especialmente cuando la mayor parte de los beneficiarios son mujeres y sus niños.