El Gobierno y los organismos de control garantizaron este miércoles la seguridad y transparencia de los comicios del próximo 8 de marzo mediante la evaluación del llamado Plan Democracia . La reunión se llevo a cabo en las instalaciones de la Procuraduría frente a las alertas de vulnerabilidad en 208 municipios del país. En la cumbre interinstitucional se descartó definitivamente el traslado de puestos de votación, se dispuso de recompensas económicas para frenar delitos contra el sufragio y se defendió la validez jurídica del material electoral frente a las recientes discusiones políticas sobre una supuesta amenaza de fraude . Para disipar las dudas sobre la logística electoral, el registrador nacional Hernán Penagos explicó que la infraestructura para la jornada democrática está asegurada en todo el territorio nacional , lo que elimina cualquier posibilidad de alteraciones de última hora. “ Los 13.493 puestos de votación y las 125.259 mesas de votación que se instalarán el próximo 8 de marzo están garantizadas ”, señaló el registrador. A su vez, concluyó que “no hay decisión alguna de trasladar una u otra por temas de seguridad”, aseguró. El jefe del ente electoral también puntualizó que “el verdadero fraude electoral está por fuera de las tareas que realiza la Registraduría”. Frente al debate planteado por el presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en las elecciones , el procurador Gregorio Eljach explicó que es necesario unificar el lenguaje técnico para evitar desinformación y respaldó abiertamente la metodología de la Registraduría. El jefe del Ministerio Público señaló que existe una narrativa equivocada sobre los documentos electorales y defendió la legitimidad del proceso en las mesas. “En todas partes uno escucha decir que el formulario E-14 no sirve, que eso no tiene valor jurídico, que lo que vale es el escrutinio, y no es cierto ”, explicó el Procurador, quien concluyó que dicho documento “es la prueba material física de lo que dijo el jurado, que es quien cuenta los votos”. Para evitar la repetición de errores del pasado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la Registraduría rediseñó las actas de preconteo tras las fallas ocurridas en elecciones anteriores , cuando un error de diseño entre las casillas del Partido de la U y el Pacto Histórico provocó la pérdida temporal de 400.000 votos. Según los nuevos modelos presentados, Benedetti señaló que “ cada partido va a tener un E-14 y ahí se van a computar ” y concluyó que el código fuente del software de preconteo ya está siendo verificado por más de dos mil auditores. Lea también: “Quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”: procurador Eljach cuestiona a Petro por denuncias sin pruebas En materia de orden público, el ministro de Defensa Pedro Sánchez señaló que las autoridades detectaron amenazas directas sobre el certamen electoral, por lo que el Estado clasifica los territorios en riesgos bajos, medios y de alta tensión. Ante este panorama en 208 municipios del país, el funcionario ordenó una estrategia de inteligencia e investigación preventiva respaldada por un incentivo económico. “Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, capturar y judicializar a quienes estén intentando o a quienes cometan delitos electorales”, explicó Sánchez. Esta vigilancia será permanente durante la recta final de las campañas. El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto , señaló que las tropas ya están articuladas con los registradores regionales, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE). El alto oficial explicó que durante estos 11 días mantendrán un seguimiento constante “para contar con información oportuna que permita una reacción efectiva y proteger la transparencia del proceso electoral”. Sobre las responsabilidades del Ejecutivo en el clima de polarización, el ministro del Interior dijo de manera categórica la postura oficial frente a las votaciones . “Queda claro que el Gobierno no está compitiendo en estas elecciones, sino que, por el contrario, ha querido dar buena parte de las garantías de la seguridad electoral”, sentenció Benedetti. Lea también: Se le volteó la torta a Benedetti: Corte se inhibe de investigar a congresistas denunciados por él y le compulsa copias El funcionario señaló que esta estrategia de protección se implementó de forma inédita siete meses antes de los comicios a través del comité de seguimiento electoral (Porpes), lo que permitió brindar seguridad a 64 candidatos presidenciales, más de 370 aspirantes al Congreso y más de 60 candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) . Esto se materializó en la entrega de cerca de 500 carros blindados y el despliegue de 50.000 efectivos de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional para cubrir 3.700 eventos políticos. Finalmente, frente a las discrepancias en las cifras de riesgo, el procurador Eljach concluyó que las alertas de la Defensoría, las Fuerzas Militares y la Policía son válidas desde sus distintas misionalidades , pero destacó que buscarán unificar las metodologías para entregar una información consolidada. Sobre este punto, Benedetti dijo que la Policía estructuró el riesgo en esos 208 municipios , equivalentes al 13% de las poblaciones del país, con base en 39 variables específicas, por lo que es necesario determinar con precisión si las alteraciones de orden público ocurren en veredas, carreteras o cascos urbanos para afinar la respuesta estatal.