A través de los Acuerdos de Gestión (ADX), el Servicio Gallego de Salud formula cada año desde hace media década los objetivos anuales de las siete áreas sanitarias en diversas materias de organización interna y atención a la población. Se presentan como pactos firmados por las gerencias de cada área con los máximos responsables de Sanidad cuyo grado de cumplimiento, no obstante, la Consellería está evitando revelar a posteriori . Varios de esos objetivos están ligados a las listas de espera para consultas, pruebas y operaciones. En lo que respecta a las cirugías, los ADX para 2026 dibujan un panorama en el que, en la mayoría de áreas sanitarias, la demora media se va a mantener o aumentar . Pero también un escenario en el que todas ellas asumen la obligación de reducir el número de pacientes que rechazan que la operación por la que esperan sea realizada en un hospital privado sufragado con dinero público —concertado— y no directamente en un centro del propio Sergas. Esta derivación a la privada como vía para reducir demoras o cumplir objetivos de espera media lleva más de una década asentada en la legislación sanitaria gallega — desde la controvertida reforma del Gobierno de Feijóo en 2013 —. Y los ADX fijan abiertamente para todas las áreas sanitarias desde 2025 el objetivo de "disminuir el porcentaje de pacientes en espera no estructural que rechazan un centro concertado". Según la normativa estatal en materia de listas de espera y la gallega que la adapta al Sergas, los pacientes "en espera no estructural" son "aquellos que en un momento dado están pendientes de ser atendidos" pero "su espera no es atribuible a la organización de los recursos disponibles ". Están clasificados en dos grandes grupos. El primero son enfermos "transitoriamente no programables" por "motivos clínicos" —una causa médica "desaconseja temporalmente" la operación— o por "voluntad del paciente" —por ejemplo, una razón laboral—. El segundo grupo de personas en espera "no estructural" son las que aguardan "tras la negativa a la derivación a un centro concertado o a otro centro del Servicio Gallego de Salud", según explica el propio Sergas. Es este colectivo, concretamente el de pacientes que quieren atención en la pública y no en la privada, el que las áreas sanitarias se comprometen a reducir en un contexto en el que, sin embargo, no son públicos ni el número total de personas en lista "no estructural" ni su demora media. En los ADX de 2025, los primeros con este indicador específico, las siete áreas sanitarias pusieron cifras al "porcentaje de pacientes en situación de espera no estructural" que aspiraban a tener en "situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" con "más de 365 días de espera". Los objetivos, como muestra la tabla que acompaña esta información, oscilaban entre igual o menos de un 2% en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y un máximo de un 30% en la de Lugo. Para 2026, los ADX reformulan ligeramente el objetivo y la mayoría de las áreas sanitarias evitan las cifras, más allá de un compromiso genérico de reducir la cifra de enfermos que no quieren ir a operarse a la privada. El indicador es ahora el porcentaje de pacientes "en el registro de espera quirúrgica en situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" sobre "el total de pacientes en el registro de espera quirúrgica", sin el matiz de llevar más de un año esperando. En este caso, solo las áreas de Santiago y Vigo firman un objetivo concreto: la compostelana, igual o menos de un 14%, y la viguesa, "reducir un 25% los cierres del anterior". En las cinco áreas restantes, lo pactado es que en 2026 haya, como máximo, el mismo porcentaje de pacientes que rechazan ir a la privada que en 2025.