La discusión no es si existe una crisis climática real —la hay—, sino si el Gobierno está usando una herramienta constitucional excepcional con el nivel de justificación y autocontención que exige un Estado de derecho.La discusión no es si existe una crisis climática real —la hay—, sino si el Gobierno está usando una herramienta constitucional excepcional con el nivel de justificación y autocontención que exige un Estado de derecho