La nueva ley universitaria impulsada por Juan Manuel Moreno Bonilla ha abierto una grieta profunda en Andalucía. Rectores y sindicatos han alzado la voz contra una norma que, lejos de reforzar la universidad pública, consolida el avance de las privadas en el corazón del sistema. No hablamos de un simple ajuste técnico. Hablamos de un cambio de rumbo que puede marcar el futuro de miles de estudiantes andaluces durante décadas. El Partido Popular ha aprobado en solitario la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), sin consenso político ni respaldo de buena parte de la comunidad académica. La tramitación se aceleró en plena etapa de temporales y lluvias intensas en buena parte de la comunidad, en un contexto que muchos interpretan como un intento de rebajar el foco público. La oposición votó en bloque en contra y los rectores de las universidades públicas expresaron su rechazo con contundencia. La ley nace cuestionada y con un debate de fondo que no es jurídico, sino profundamente político y social: ¿queremos una universidad pública fuerte o un sistema donde lo privado gane peso mientras lo público se debilita? Desde hace meses, los rectores alertan de que la norma no garantiza adecuadamente la financiación ni respeta plenamente la autonomía universitaria. No es una crítica menor. Las universidades públicas desempeñan un papel clave en el desarrollo económico, científico y social de Andalucía. Si quienes las dirigen advierten de riesgos estructurales, conviene escucharlos. Uno de los puntos más polémicos de la LUPA es que las universidades privadas tendrán voto en el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, el órgano encargado de planificar y coordinar el sistema. Hasta ahora podían estar presentes, pero no decidir. Con la nueva ley, podrán influir directamente en decisiones estratégicas sobre titulaciones, planificación académica e investigación. Este cambio altera el equilibrio interno. En Andalucía existen diez universidades públicas y cinco privadas, además de otras seis en proceso de autorización. Si la expansión de las privadas continúa al ritmo actual, su peso en los órganos de decisión será cada vez mayor. No es una hipótesis alarmista, sino una posibilidad real si la política de autorizaciones mantiene la misma línea. Y aquí es inevitable mirar a la Comunidad de Madrid. Allí, las universidades privadas ya superan en número a las públicas (13 frente a seis). El sistema público madrileño lleva años denunciando asfixia financiera, recortes y pérdida de titulaciones. Cuando la financiación no acompaña y el mercado gana terreno, el resultado es conocido: menos recursos para la pública y más oportunidades para la privada. En Andalucía ya se perciben señales preocupantes. Hay universidades públicas que arrastran dificultades para cubrir plazas de profesorado, personal técnico y personal de administración y servicios. Con presupuestos ajustados, las primeras consecuencias se notan en las plantillas: se congelan vacantes, se retrasan sustituciones y se sobrecargan departamentos. Y todo ello termina afectando a la calidad de la enseñanza. No hablamos de un escenario hipotético a largo plazo, sino de problemas que ya existen y que pueden agravarse si la financiación no se refuerza...