El posible cierre del IES Híspalis de Sevilla provocó este miércoles una manifestación de docentes, alumnos y familiares reclamando la continuidad lectiva del centro, así como la mejora de sus instalaciones. En este sentido, María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha explicado antes los medios que la Junta de Andalucía está trabajando en «dar solución» al alumnado, a la vez que aseguraba que se trata de un problema que «ha generado» la Diputación. Asimismo, ha subrayado que se trata de un edificio del que la administración provincial es propietaria, subrayando que ha sido la Diputación «quien ha dicho que no quiere continuar con el convenio de colaboración », señalando, a su vez, que la cooperación entre ambas instituciones se trata de algo «fundamental». En la manifestación del pasado miércoles, Marta del Pozo, profesora del Departamento de Geografía e Historia del centro, explicaba, durante la lectura del manifiesto, que «nos privan de espacios públicos, de cultura, ocio y educación. No podemos ni queremos permitirlo». En cuanto al futuro del alumnado del IES Híspalis, la consejera ha confirmado que está previsto incluir dentro del plan de escolarización, que comienza el 1 de marzo, dos unidades en otros institutos de Pino Montano para atender al alumnado de primero de la ESO del centro. En esta línea, Castillo ha afirmado que «si la Diputación entiende que es posible que sigamos en el IES Híspalis, nosotros no tenemos ningún problema en que el alumnado continúe ahí, simplemente cambiar las inscripciones y que continúen». Las declaraciones de la consejera llegan después de que Francisco José Toajas, diputado provincial de Empleado Público de la Diputación, haya recalcado que «no merece la pena seguir invirtiendo » en labores de reparación del edificio y haya abierto la posibilidad de «incluir dentro del nuevo proyecto un espacio para la construcción de un nuevo instituto» en colaboración con la Junta. A diferencia de Castillo, el diputado provincial carga de responsabilidad a la administración andaluza, asegurando que «la Junta de Andalucía tiene que hacerse cargo de este instituto. Nosotros ya hemos planteado que el edificio está en unas condiciones de mantenimiento que no garantiza que los alumnos estén recibiendo una educación de calidad y en condiciones dignas», al mismo tiempo que ha desmentido que la Diputación pretenda « desmantelar » el Complejo y «cerrar el instituto».