Los vecinos de las torres de Punta Llisera, sobre las que pesa una sentencia para su demolición, han agotado sus esperanzas. Se consideran víctimas colaterales de una situación que les va a dejar sin sus apartamentos que muchos de ellos compraron en la creencia de que cumplían con la legalidad. En estos momentos sólo esperan el cálculo de las indemnizaciones que gestiona la Conselleria de Medio Ambiente, a sabiendas de que serán insuficientes.