Despiden a dos enterradores de un cementerio de Córdoba por presuntos cobros indebidos a particulares

El Ayuntamiento de Pozoblanco asegura que numerosas de las situaciones y hechos analizados fueron constatados y documentados por el instructor del expediente sancionador y la Policía Local, y que ha trasladado los hechos al Juzgado de Pozoblanco El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha decretado el despido disciplinario de los dos enterradores que desempeñaban sus funciones en el Cementerio Municipal como personal laboral fijo, tras la finalización de un procedimiento de instrucción completo y con el correspondiente respaldo de informes técnicos y jurídicos. La decisión se produce después de “constatar hechos de especial gravedad” relacionados con el desempeño de sus funciones, que motivaron la apertura de los expedientes disciplinarios. Entre las supuestas conductas analizadas figuran “irregularidades en el ejercicio del servicio, dejación de funciones, falta de mantenimiento y sabotajes en las instalaciones, quejas de particulares presentadas al Ayuntamiento, amenazas a otros trabajadores y, en general, actuaciones totalmente incompatibles con los principios de legalidad y servicio público que rigen este Ayuntamiento”. La infracción de mayor gravedad incluida en el expediente se refiere a la existencia de “presuntos cobros indebidos a familias por la realización de enterramientos”, hechos que fueron puestos en conocimiento del Ayuntamiento mediante escritos a través de registro de entrada por los propios particulares afectados. Dada la naturaleza y especial gravedad de estas actuaciones, el Ayuntamiento ha procedido a dar traslado de los hechos al Juzgado de Pozoblanco, a fin de que sean valorados en el ámbito judicial. Tal y como consta en la documentación del expediente, numerosas de las situaciones y hechos analizados fueron constatados y documentados por el instructor del expediente y la Policía Local, que fue requerida y actuó en distintas ocasiones para dar fe de lo ocurrido, incorporándose dichas actuaciones al procedimiento como parte de las pruebas valoradas durante la instrucción. Como medida cautelar, y mientras se tramitaban los expedientes, en julio de 2025 se acordó mediante decreto de alcaldía, la suspensión provisional de empleo y sueldo de ambos trabajadores durante seis meses, con el objetivo de proteger el correcto funcionamiento del servicio y garantizar el interés general. Tras la fase de instrucción, en la que se han analizado los hechos, recabado informes y dado audiencia a los interesados, el Ayuntamiento ha resuelto imponer la sanción máxima prevista, el despido disciplinario, al considerar acreditadas faltas muy graves. El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha señalado que “desde el primer momento en que tuve conocimiento de esta situación nos pusimos a trabajar para atajar el problema de raíz. Ha sido una situación insostenible, que ha provocado malestar en vecinos en momentos especialmente duros de sus vidas, y ante la que me comprometí a actuar con firmeza. Nunca voy permitir este tipo de comportamientos en el ámbito municipal, y menos aún cuando afectan directamente a la sensibilidad y confianza de la ciudadanía”. El alcalde ha concluido afirmando que “hay servicios en los que no cabe ningún tipo de tolerancia, especialmente cuando afectan a momentos de especial sensibilidad para las familias. Con el respeto a los fallecidos y a sus seres queridos no se puede jugar”. Desde el Ayuntamiento se subraya que esta actuación responde a un compromiso firme con la defensa del interés público, la correcta gestión de los servicios municipales y el respeto a la ciudadanía, especialmente en ámbitos sensibles donde la confianza y la profesionalidad son esenciales. El equipo de gobierno insiste en que cualquier comportamiento que se aparte de la legalidad o perjudique a los vecinos será abordado con tolerancia cero, siempre mediante procedimientos garantistas, objetivos y avalados por los servicios jurídicos municipales. Asimismo, durante todo este proceso, el Ayuntamiento ha adoptado las medidas necesarias para asegurar la continuidad y normal funcionamiento del servicio, evitando perjuicios a los usuarios.