La vivienda se ha convertido en una grave preocupación para la población y el sector promotor se reivindica como parte de la solución. Así lo ha manifestado Vicent Llácer, vicepresidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Valencia (Aprova) y director general del Grupo Ática, en el programa Mediodía Cope Más Valencia, donde ha desgranado los principales obstáculos que enfrenta el sector. El principal problema para los compradores, según Llácer, es el precio de la vivienda, que acumula incrementos de más del 10% en los últimos tres años. Lejos de moderarse, desde Aprova pronostican que seguirá subiendo a un ritmo del 10% anual, una escalada que dificulta cada vez más el acceso a una casa. Desde la perspectiva de las empresas promotoras, el escenario es una "yincana". Llácer destaca dos grandes frenos: la falta de mano de obra especializada para construir al ritmo necesario y la dificultad para reponer el suelo. "Estamos consumiendo los suelos que tenemos para ofrecer vivienda acabada, la velocidad con la que estamos consumiendo los suelos, no conseguimos reponer la misma velocidad", afirma. La concentración de la población en las grandes ciudades como Valencia ha agotado el suelo urbano disponible, poniendo en valor las áreas metropolitanas. Sin embargo, el desarrollo de estos terrenos se topa con un muro burocrático. "Con el marco normativo que tenemos, desarrollar los suelos nos lleva entre 15 y 20 años", denuncia Llácer. El vicepresidente de Aprova expone un caso concreto de su propia empresa, Grupo Atica, para ilustrar la magnitud del problema. Se trata de un sector de 2.500 viviendas junto a la A-3 en Valencia: "Vamos a acabar desarrollando ese suelo en 30 años". A esto se suma la problemática de la huerta protegida. Llácer defiende el valor medioambiental de la huerta valenciana, pero critica la protección de terrenos que "no es huerta", parcelas rústicas sin explotar que, según él, acaban convertidas en vertederos de basura y focos de inseguridad. Propone que estos "huecos" se aprovechen para "hacer más ciudad" o, si se decide protegerlos, que la administración invierta en su mantenimiento. Otro factor que encarece el producto final son las exigencias normativas que llegan desde instancias autonómicas, nacionales y europeas. Llácer considera que imponen unos "niveles de calidad y de equipamiento brutales, descomunales" que no se corresponden con la realidad climática de España ni con la capacidad económica de la demanda. El promotor subraya que el objetivo no es renunciar a viviendas dignas, pero critica que se malgaste dinero en calidades que el cliente "no se lo puede permitir". "Lo que no podemos es intentar construir unas viviendas como si fueran Ferraris cuando lo que necesitamos son utilitarios", sentencia. Como contrapunto, Llácer valora positivamente iniciativas como el Plan Vive de la Generalitat. Este plan ha puesto a disposición de los promotores suelo público para construir Vivienda de Protección Oficial (VPO), una vía que el sector ha aprovechado para poder ofrecer casas a un precio tasado, especialmente dirigidas a los jóvenes.