La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia aseguró este jueves que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estaría incurriendo en presuntas irregularidades relacionadas con la compra del predio “Peñasgordas A y B”, ubicado en el corregimiento de Zelandia, municipio de Dagua (Valle del Cauca). Según expuso, la adquisición del terreno podría derivar en el desplazamiento de una comunidad campesina que, afirma, ha habitado el lugar durante más de 20 años. Este conflicto no es nuevo. Valencia sostuvo que la ANT habría insistido desde 2024 en adquirir el predio, de 272 hectáreas, con el propósito de entregarlo al resguardo indígena Yu Yik Kwe. Sin embargo, señaló que la presencia histórica de familias campesinas impediría legalmente esa compra. En esa línea, advirtió que la operación “sería ilegal y generaría detrimento patrimonial”. Lo que sí es nuevo es que, según Valencia, pese a los problemas interétnicos que rodean el lote, los campesinos le aseguraron que la ANT siguió adelante con el proceso. De acuerdo con su relato, el 1 de agosto de 2025 el director de la ANT, Felipe Harman, sostuvo una reunión con el propietario del terreno, campesinos e integrantes de la comunidad indígena para buscar una salida concertada. Allí se habría acordado establecer una ruta de diálogo y suspender la compra mientras se construía una solución. Conozca: ¿Por qué Petro ha defendido a Bonilla y no a Velasco por la corrupción en la UNGRD? No obstante, Valencia afirmó que el proceso “no habría terminado en nada” y que la entidad continuó con la negociación. Según la senadora, a inicios de febrero de 2026 funcionarios de la ANT habrían advertido a los campesinos sobre un eventual desalojo “La comunidad de la zona me informa que la ANT habría seguido adelante con la compra del predio y en febrero de 2026 personal de la entidad habría amenazado a los campesinos con retirarlos del predio con la Fuerza Pública, a pesar que esta compra sería ilegal ”, explicó. El desespero de los campesinos por obtener respuestas y frenar el desalojo ya ha hecho mella desde antes en el departamento. E n diciembre de 2025, las comunidades hicieron un plantón a las afueras de la sede de la ANT en Cali para exigir una solución justa. En ese momento hubo silencio. Aquel silencio institucional sería total. Valencia señaló que desde noviembre solicitó información oficial sobre la compra del predio y que, tras acudir a una tutela, un juez falló a su favor. Aseguró que se han emitido tres requerimientos adicionales sin respuesta y que incluso se abrió incidente de desacato contra el director de la ANT. “Ni siquiera la amenaza del desacato, la cárcel y la multa los mueve”, afirmó. Entérese: Del descrédito al tarjetón: estos son los cuestionados que buscan llegar al Congreso La congresista manifestó que la comunidad campesina “no sabe qué más hacer para no ser desplazada” y describió la situación como crítica, al advertir que cientos de familias podrían perder sus viviendas y su sustento. Agregó que la Defensoría del Pueblo realizó acompañamiento y pidió a la ANT cumplir los compromisos alcanzados en agosto de 2025, sin que, según ella, se hayan producido avances. Finalmente, Valencia solicitó la intervención de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que revisen la compra del predio “Peñasgordas” y determinen si existen irregularidades que puedan configurar un posible detrimento patrimonial o vulneración de derechos de las comunidades involucradas. EL COLOMBIANO se comunicó con la ANT para conocer la versión de la entidad. Sin embargo, al momento de publicar esta nota, no han contestado. Le puede interesar: En vivo | Ungrd: Gobierno habría comprado al Congreso para aprobar las reformas, según la Fiscalía, en imputación a Bonilla y Velasco .