En un informe que evidencia la evolución del conflicto armado en el suroccidente del país, la Defensoría del Pueblo emitió este jueves la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 005 de 2026 . El documento advierte que las comunidades de El Peñol y El Tambo se encuentran bajo el fuego cruzado de una disputa territorial que ahora incluye el uso indiscriminado de drones. El reporte detalla una preocupante evolución en las tácticas de los grupos armados ilegales. Desde finales de 2025, el uso de sistemas aéreos no tripulados se ha convertido en una problemática constante para los habitantes y las instituciones locales. Una de las dinámicas de “extrema gravedad” que establece la Defensoría en esta alerta temprana es el uso recurrente de sistemas aéreos no tripulados (drones). Los cuales estarían modificados con explosivos, y “otros artefactos improvisados contra estaciones de Policía y sedes administrativas, como la Alcaldía de El Peñol”, señala el documento oficial. Estos ataques, que se han intensificado desde noviembre de 2025, ocurren en pleno corazón de los municipios, afectando a “funcionarios(as) y transeúntes” en horarios de alta afluencia laboral. El trasfondo de esta violencia es la lucha por el control del corredor vial de Guambuyaco, u na ruta estratégica para el movimiento de tropas y economías ilícitas. En este tablero se enfrentan el Frente Franco Benavides (del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC) contra una alianza de facto entre los Comuneros del Sur (disidentes del ELN) y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN). Como consecuencia de este choque, el panorama humanitario es crítico. “A la fecha, han sido reportadas afectaciones de civiles por ataques con explosivos, homicidios selectivos y el desplazamiento forzado masivo de 124 familias, que incluye población indígena (hecho que ocurrió en diciembre del año anterior)” , se lee en el boletín de prensa de la entidad. Además, la Defensoría señala las siguientes zonas en riesgo: “el casco urbano de El Tambo y los corregimientos San Pedro (veredas Aminda, Cascajal Bajo, Cafelina, Chagraurco, Los Limos, San Pablo Bajo y San Pedro) y El Azogue (veredas Pueblo Viejo, Ovejera, Azogue y La Cocha)”. Igualmente, “el casco urbano de El Peñol y los corregimientos Las Cochas (veredas Guayabal, Humero, Cajabamba, Torrecilla y Las Cochas), El Peñol Centro (veredas Charguayaco, Perejil, Molinoyaco y La Cuchilla), Peñol Viejo (vereda Peñol Viejo) y La Toma (veredas Guayabillo, Papao, Nuevo Peñol y La Toma)”. La Defensoría denunció que los grupos armados han impuesto una “gobernanza criminal” que utiliza aplicaciones de mensajería para controlar a los habitantes. Los criminales imponen “pautas de conducta a través de WhatsApp y panfletos” y obligan a la creación de “guardias campesinas” para frenar el avance de la Fuerza Pública. El riesgo es especialmente alto para los menores de edad y las comunidades étnicas: “Las niñas, niños y adolescentes (NNA) están expuestas al reclutamiento forzado, uso y utilización, así como a los efectos de combates y explosiones cerca de entornos escolares”. Asimismo, los cabildos indígenas de El Tambo y el Cabildo Quillasinga de El Peñol enfrentan una amenaza directa a su “autonomía, gobierno propio y pervivencia cultural”. Ante la inminencia de una tragedia mayor, el ente humanitario formuló 16 recomendaciones urgentes. Entre ellas, solicita al Ministerio de Defensa “implementar estrategias antidrones y desminado militar”, y a la Fiscalía General de la Nación fortalecer las investigaciones por crímenes contra líderes sociales e indígenas. “La Defensoría del Pueblo solicita a las autoridades responsables actuar bajo una perspectiva de derechos humanos y derecho internacional humanitario (DIH) para mitigar lo que está ocurriendo”, concluyó la entidad. Lea también: Así operaba alias Plumilla, el capturado del ELN en Bogotá que planeaba atentado en elecciones