El absentismo laboral en la Comunitat Valenciana ha alcanzado niveles sin precedentes, afectando a más de la mitad de las empresas. Esta situación, que el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha calificado de “enfermedad que nos está atacando a nuestra sociedad”, representa una factura anual que roza los 81.000 millones de euros a nivel nacional. Lafuente descarta las posturas extremas y polarizadas sobre el problema y centra el diagnóstico en una causa principal: “el bloqueo absoluto de la sanidad pública”. Según el presidente de la patronal, este es el verdadero problema a atajar, más allá de debates sobre si la gente quiere o no trabajar. Para combatir esta situación, el líder de los empresarios valencianos propone reforzar la sanidad pública y, mientras tanto, utilizar las herramientas que ofrecen las mutuas. Lafuente defiende que estas entidades pueden acelerar pruebas diagnósticas y tratamientos, resultando más económico que pagar las bajas: “A las mutuas, les sale mucho más económico hacer pruebas gratuitas [...] que estar esperando, pagando 50 euros por día por una persona”, explica. El impacto del absentismo es especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas. Lafuente subraya que en una microempresa de dos o tres trabajadores, una baja de larga duración supone un problema mayúsculo. En este contexto, ha querido dejar claro el compromiso del empresariado con la salud de sus empleados, desmintiendo las acusaciones de presionar a los enfermos: “Las empresas nunca lo van a hacer. Si alguien lo hace, pues yo creo que hay que denunciarlo”. Lafuente también señala un componente sociológico en el aumento del absentismo, influido por hábitos adquiridos tras la pandemia, como el teletrabajo o la facilidad para solicitar bajas telefónicas. Los datos revelan que las bajas por salud mental han crecido exponencialmente entre los menores de 35 años y que el problema es más acusado en el sector industrial. Finalmente, el presidente de la CEV ha lamentado la falta de diálogo social real y la polarización política, que impiden abordar con seriedad el problema. Critica que el Gobierno regule “por real decreto” y que no haya voluntad de negociar de forma integral. “El diálogo social tiene que nacer de abajo arriba y no de la política hacia abajo”, ha sentenciado Lafuente, para quien la crispación es un obstáculo para la prosperidad del país.