El allanamiento realizado ayer a oficinas en Albrook donde se decomisaron documentos de Panama Ports Company (PPC) vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparencia plena en la gestión de activos estratégicos del país. El antecedente inmediato es la ocupación de los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, una decisión que buscó restituir el control del Estado y corregir incumplimientos y opacidades acumuladas. Durante años, la operación de PPC funcionó sin rendición de cuentas efectiva, pese a que el Estado panameño posee 10% de sus acciones. No se informaba con claridad qué se hacía, cómo se invertía ni bajo qué criterios se tomaban decisiones. Ese déficit de información minó la confianza pública. De cara a nuevas concesiones, el país no puede repetir errores. Cada proceso debe incluir reglas claras, acceso a información, fiscalización independiente y reportes periódicos. La transparencia no es negociable, es la condición mínima para legitimar decisiones, proteger el interés público y evitar que la historia se repita.