La negativa del Ministerio del Interior a reconocer como víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño asesinado por un disparo de la Policía en una manifestación por la autonomía andaluza en 1977, ha reactivado un intenso debate político en la comunidad. En plena semana del 28F y con elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, las fuerzas de izquierdas han emprendido dos vías paralelas para intentar que el reconocimiento tenga acomodo legal y político, frente a la interpretación restrictiva de la ley que ha empleado Interior. El portavoz adjunto del Grupo Mixto-Por Andalucía, José Ignacio García, ha sido uno de los primeros en denunciar la "vergüenza" y el "retraso histórico" que supone la denegación del Ministerio para considerar a Caparrós víctima del terrorismo, recordando que el asesinato de Caparrós, "aunque execrable", no encaja en la Ley 29/2011, que exige sentencia firme o diligencias judiciales que reconozcan actos terroristas perpetrados por grupos para subvertir el orden constitucional. La pugna legal y política ha llegado al ámbito estatal, con el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, sugiriendo una vía alternativa para "resarcir moralmente" a la familia de Caparrós. Marlaska ha señalado que, aunque García Caparrós no puede ser reconocido como víctima del terrorismo bajo la ley actual de 2011, sí sería posible incluirlo como víctima de violencia política o persecución ideológica si se modifica la Ley de Memoria Democrática de 2022 recuperando un artículo derogado de la primera Ley de Memoria Histórica de 2007. Según el ministro, este artículo permitiría reconocer a personas que perdieron la vida en la defensa de la democracia y las libertades entre 1968 y 1977 y establecer medidas de reparación moral para sus familias. Marlaska ha defendido que una reforma urgente en el Congreso sería "la vía más rápida" para avanzar en el reconocimiento y la indemnización de García Caparrós. Por Andalucía propone una PNL para impulsar el reconocimiento En este contexto, la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Cámara autonómica a pedir al Congreso de los Diputados una modificación legal que permita reconocer a García Caparrós como víctima de terrorismo. En el escrito se ha argumentado que la muerte del joven sindicalista debe encajar en la legislación y en los derechos de reparación, y que el Parlamento andaluz tiene el poder de impulsar desde Andalucía lo necesario para ello. Así, Nieto insistió durante la sesión plenaria en que "esta modificación debe llevar el impulso de una proposición de ley tramitada en este Parlamento para que, en nombre de Andalucía y sus instituciones, se resarza esta injusticia histórica". La diputada también reprochó al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que el Gobierno andaluz haya tratado la memoria de Caparrós de forma testimonial, criticando que se utilicen símbolos andaluces "para propaganda" mientras se ignoran cambios legales necesarios para reparar el pasado. El papel contradictorio del Partido Popular La propuesta de Por Andalucía y el impulso...