El catedrático y director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, Fernando Cos-Gayón, ha analizado la crítica situación del mercado de la vivienda en el programa Mediodía COPE Más Valencia, con Carles Villeta. El experto ha mostrado su "decepción" al constatar cómo los problemas actuales fueron anticipados "hace 10 años", unas alertas que se intensificaron desde 2017 pero que no han sido escuchadas por la clase política. Cos-Gayón ha explicado que no había que ser "muy listo" para ver venir la crisis, apuntando a una tormenta perfecta de factores. Entre ellos, destaca que desde la crisis de 2008 "no se había vuelto a arrancar el propio sector", a lo que se sumaron la inflación disparada y la guerra de Ucrania. Sin embargo, el profesor ha puesto el foco en "el factor de la inmigración, que es algo muy potente y que está condicionando y condicionará mucho la normalidad". Según ha detallado, el rápido crecimiento poblacional, con personas que se desplazan a donde quieren vivir y no donde hay sitio, está suponiendo "una tensión insoportable para el mercado". Para el experto, uno de los grandes problemas de fondo es que la mentalidad de muchos ciudadanos y gobernantes sigue anclada en la crisis anterior. "Estamos en una foto fija en 2008", ha afirmado, donde "promover viviendas se asocia a especulación, a malas praxis y a cosas que son de otra época y que siguen demonizando el sector". Esta demonización, que genera normativas que crean cada vez más inseguridad, provoca una "retracción" en la construcción. Cos-Gayón lo ha ilustrado con una llamativa analogía para denunciar el "uso ideológico de un problemón". En este sentido, ha criticado que se acuse a las empresas de "querer ganar dinero", una realidad que considera "inequívoca", pues "si no ganan dinero, desaparecen". Otro de los puntos críticos, según Cos-Gayón, es la elevada carga fiscal. "Una vivienda del 31, 32% de su coste son impuestos", ha sentenciado, lo que supone que para una casa de 200.000 euros, más de 60.000 son tributos. "¿Por qué no se ataca ahí? Es algo que nos llama mucho la atención", ha cuestionado. La vivienda protegida (VPO) tampoco arranca, ya que "los costes de construcción se han disparado de tal modo que es imposible para un promotor hacer una vivienda y venderla al precio del módulo protegido". Esta escasez de oferta asequible ha provocado que se normalice "que una vivienda de 2 dormitorios en Valencia cueste 300.000 euros", algo que, en su opinión, "no debe ser normal". El problema de fondo es que una vivienda protegida y una libre "únicamente se diferencia en el precio de venta". Según Cos-Gayón, se están exigiendo unos estándares de calidad muy altos, equiparables a los de un coche de alta gama, para una vivienda que debe venderse a precio de gama media o baja. Esto, en un momento de emergencia habitacional, carece de sentido. Cos-Gayón ha recordado que ya existen barrios en Valencia que nacieron de fórmulas similares en épocas de gran escasez. Ha concluido que, en la situación de emergencia actual, es necesario diferenciar entre la vivienda libre y una social, que podría ser para alquiler temporal, garantizando un techo digno a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.